Según la Fiscalía Anticorrupción, el Ayuntamiento de La Laguna ha pagado más de 72 millones de euros a la empresa Urbaser por unos servicios que, en honor a la verdad, se han prestado. Cosa bien distinta es si, como se sospecha, no había cobertura legal para ello.

El expediente de Urbaser, que figura en el cuarto lugar de la relación expuesta por Anticorrupción, está considerado como una de las principales referencias (si no la mayor) del llamado Caso Reparos, por el que ahora el Ministerio Público solicita al Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna que eleve al Tribunal Supremo la parte de la investigación relacionada por la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa por parte del exalcalde lagunero Fernando Clavijo.

De la importancia de este expediente da cuenta el hecho de que esos 72 millones, aunque abonados a lo largo de los años, suponen prácticamente una cuarta parte del presupuesto municipal de la Ciudad de Los Adelantados para el ejercicio en curso, cifrado en 192.564.069 euros.

En concreto, Anticorrupción hace referencia al expediente surgido a raíz de la adjudicación del servicio municipal lagunero de recogida de residuos, transporte de los mismos y limpieza viaria llevada a cabo por Clavijo en nombre de dicho Ayuntamiento en favor de Urbaser allá por septiembre de 2008 con un plazo de duración de ocho años y dos más de prórroga.

Dos años y dos meses después, la Junta Local de Gobierno modificó una serie de contratos, entre los que se encontraba el que nos ocupa, pero tanto la Intervención Municipal como la Asesoría Jurídica municipal informaron negativamente sobre tal modificación, dado que la rebaja de precio que se contempla en el mismo no se justifica especificando qué servicios hay que llevar a cabo.

Es decir, como relata Anticorrupción, Urbaser pasó a cobrar menos, pero sin que constase qué servicios iba a prestar, como alertaron ambos servicios. Aún así, se ignoraron tales reparos de legalidad, despachados con la mera indicación de que “se hace constar simplemente que ‘a la vista de lo señalado por dicha dependencia municipal, el Área de Obras e Infraestructuras se ratifica en lo informado” anteriormente.

Pero hay más. Si se acude a lo denunciado por el hoy responsable del Urbanismo lagunero, Santiago Pérez, se detectan posibles irregularidades añadidas, puesto que el contrato inicial preveía que la flota de vehículos de Urbaser pasaría a ser de titularidad municipal terminado el contrato.

Además, en 2012 se habría exonerado a la empresa de su obligación de renovar 34 de los 46 vehículos en cuestión, pero no consta que en ninguno de los dos casos así se refleje en el coste estipulado para el servicio, pese a la evidente ventaja que supondría para la firma obviar semejantes cláusulas.

El resultado de todo ello es que, según Anticorrupción, a la empresa Urbaser se le han pagado hasta 31.585.493,94 euros, por lo que considera “prórrogas extraordinarias” y otros 40.723.046,82 en “continuidades” de las mismas. Las dudas se extienden hasta qué punto la contratación de los más de 200 empleados de Urbaser en La Laguna puede relacionarse con este presunto trato de favor.

EMPRESA DE FLORENTINO PÉREZ QUE LUEGO REVENDIERON LOS CHINOS

Cuando allá por 2008 Fernando Clavijo firmó en nombre del Ayuntamiento el contrato con Urbaser, en cuya prolongación ahora la Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios delictivos por presunta prevaricación continuada, dicha firma, fundada en 1990, era parte del conglomerado de empresas reunido por la constructora ACS, cuyo presidente es Florentino Pérez, por otra parte muy conocido, dado que también es el máximo rector del Real Madrid Club de Fútbol.

Con los años, la firma se vendió en 2016 a China Tianying (CNTY) por unos 1.320 millones de euros, en lo que parecía otro negocio redondo del exitoso empresario, pero los hechos lo desmienten, ya que el año pasado CNTY revendió, a su vez, Urbaser a un fondo estadounidense llamado Platinum Equity por muchísimo más del doble: 3.454 millones de euros.