El defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim, presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad de la Ley 4565 de Libertad de Expresión sancionada por la Legislatura porteña, a instancias del PRO. Pero este es sólo uno de los frentes en los que se enfrenta al macrismo, dado que también cuestionó la decisión de no aceptar el pedido de ampliación presupuestaria realizado por la Defensoría.
Durante una rueda de prensa de la que participó adnciudad.com, Kestelboim (acompañado por el defensor Adjunto Luis Duacastella) explicó que frente al planteo de un particular (Eduardo Cárdenas), decidió patrocinar junto a la defensora Adjunta, Graciela Christe, este pedido de inconstitucionalidad amparado en la normativa vigente que prevé este tipo de presentaciones judiciales.
Según el escrito presentado "la declaración de inconstitucionalidad que se propicia con relación a varias normas contenidas en la Ley 4565 de la CABA tiene en mira particularmente sus artículos 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 26, 28, 29, 30 y 31, todos ellos en virtud de su patente contrariedad con la Constitución Nacional, esencialmente los artículos 1, 4, 5, 7, 14, 31, 75, 126 y 128 del texto federal, al arrogarse la Legislatura de la Ciudad y el Jefe de Gobierno -por promulgar la norma aquí cuestionada- facultades y atribuciones propias del Congreso de la Nación, desconociendo además legislación federal y la competencia y ámbito de actuación de autoridades federales en la esfera del Poder Ejecutivo Nacional, en base a normativa vigente emanada del único órgano constitucionalmente habilitado a tal efecto, es decir el Poder Legislativo Nacional".
Asimismo, sostiene: "En ese marco la Ley 4565 a través de la normativa que se impugna mediante la presente acción declarativa de inconstitucionalidad vulnera, además, diversas disposiciones contenidas en leyes sancionadas por el Congreso de la Nación, tales como la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Nº 26.736 de Pasta Celulosa y Papel para Diarios".
Y agrega: "Por otro lado, la Ley 4565 contraviene los artículos 1, 2, 80, 105 y 113 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 402 que regula el procedimiento ante este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, tal como surge de los apartados en los que se detallan las normas cuya inconstitucionalidad debe ser declarada por el Tribunal Superior de Justicia".
Kestelboim sostuvo que el objetivo de la ley (aprobada por 35 votos positivos, 15 negativos y 7 abstenciones ) "es beneficiar a las grandes empresas periodísticas", como lo son el Grupo Clarín o el diario La Nación. La norma reemplazó el DNU enviado por Mauricio Macri ante las versiones sobre la posible intervención del Grupo Clarín y fue consensuada entre el PRO, la Coalición Cívica, la UCR y el diputado de Proyecto Sur, Julio Raffo.
Asimismo, consideró que "la Ciudad se aparta, con inconstitucionalidad manifiesta, de las normas del Estado federal del que forma parte junto con el resto de las provincias argentinas -estableciendo legislativamente en ejercicio de facultades de las que no dispone- que las leyes de la Nación no sean aplicadas en su ámbito, colocándose de esa manera por encima del resto de las jurisdicciones, posición absolutamente incompatible con el texto de la Constitución Nacional y la idea misma de Nación".
Además, expresó que "la regulación y jurisdicción en materia de comunicaciones audiovisuales constituye una competencia de las autoridades federales y así históricamente se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las diferentes oportunidades que le tocó intervenir, incluso invalidando por inconstitucionales normas provinciales que, en exceso de las atribuciones locales, desconocían la normativa dictada por el Congreso Federal en la materia".
Para el Defensor General "más allá de los loables fines que la ley dice perseguir, por todos compartidos en tanto protección de una de las libertades más importantes, en realidad nos encontramos, prácticamente, frente a una verdadera sublevación de tipo jurídica por parte de la Ciudad, con ropaje de ley. El único remedio frente a esta grosera irregularidad es la declaración de inconstitucionalidad de la norma del artículo 17 de la Ley 4565 en cuanto exceptúa a los medios de comunicación cualquiera sea su soporte o modalidad, domiciliados en la ciudad de Buenos Aires, de la aplicación de las leyes de defensa de la competencia dictadas por el Gobierno nacional".
Pero este no es el único tema en el que enfrenta Kestelboim al macrismo. Según reconoció hay un gran malestar con el jefe de Gobierno Mauricio Macri y con los diputados del PRO por no haber aprobado el pedido de ampliación presupuestaria realizado por el Ministerio Público. "Se hizo una petición conjunta con la Fiscalía y se denegó, pero a nosotros sólo nos incrementaron la partida para afrontar los aumentos salariales y a la Fiscalía se le dio, además, para los incisos 2, 3, 4 y 5", explicó.
A lo que añadió: "Es una resolución discriminatoria" y no dudó en señalar que la postura ideológica de la Fiscalía es distinta a la de la Defensoría, con lo cual sugirió que la discriminación se debió a cuestiones políticas y no institucionales.
Cabe mencionar que el presupuesto del Ministerio Público se divide en un 50% para la Fiscalía, un 35% para la Defensoría y un 15% para la Asesoría Tutelar. "Pese a la inflación que sostiene este Gobierno y que es clara, nuestro presupuesto asignado es un 20% menor al del año pasado. Nos prometieron que se iba a corregir y no lo cumplieron. Esto de la independencia judicial que declama el PRO es para afuera pero no para adentro", cuestionó Kestelboim, funcionario designado a instancias del kirchnerismo.
El defensor Adjunto Duacastella informó que el 70% de los amparos presentados en la Ciudad son con patrocinio de la Defensoría General y en lo que respecta al Fuero Contravencional y de Faltas el porcentaje llega al 80.
Asimismo, aunque reconoció que, en torno a los cuestionamientos realizados a la Ley 4565, "toda acción judicial implica una decisión política" aclaró que el reclamo presupuestario no tiene nada que ver con el trabajo institucional de la Defensoría. "El pedido de ampliación presupuestaria no evitó que nos presentáramos para cuestionar el accionar en torno al taller protegido del Borda ni por el Metrobus de la 9 de Julio", concluyó.
Ahora el Tribunal Superior de Justicia deberá determinar si la acción declarativa de inconstitucionalidad es admisible. Si así lo determina se corre traslado al Gobierno de la Ciudad para que efectúe el descargo correspondiente y luego se efectúa una audiencia pública. Tanto Kestelboim como Duacastella adelantaron que si el Tribunal falla en contra de lo argumentado por la Defensoría, podrían presentarse ante la Corte Suprema.
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