El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) que coordina el Ministerio de Economía, junto a otras carteras, incorporó a más de 565 mil beneficiarios durante su primer año de vigencia.

En este sentido, la cartera de Economía celebró la semana última el primer aniversario del programa, que forma parte de las políticas de inclusión social que impulsa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La mayoría de los jóvenes de entre 18 y 24 años inscriptos, el 44 por ciento, está cursando estudios universitarios, mientras que un 29 por ciento está finalizando el secundario y otro 23 por ciento se capacita en distintos cursos y oficios.

"El Progresar es la continuación y complemento de la Asignación por Embarazo, la AUH, el programa Conectar Igualdad, la construcción de 1500 escuelas y la creación de nueve universidades nacionales. Este piso de protección social para niños y jóvenes de 0 a 24 años conforma la red de políticas de inclusión social más grande de América latina", expresó el ministro de Economía, Axel Kicillof, al hacer un balance del programa.

"El Progresar está funcionando muy bien, con más de 565 mil inscriptos que cobran en forma transparente. Está destinado a un sector que le costaba mantenerse en la universidad y ofrece un incentivo para contener a muchos otros en el sistema educativo para que terminen la secundaria o se capaciten. Hay muchos chicos que podrían ingresar pero no estudian y tenemos que sumarlos", afirmó el director ejecutivo de Anses, Diego Bossio.

Sobre el total de 565 mil jóvenes titulares de derecho, casi 190 mil viven en la provincia de Buenos Aires, 42 mil son salteños, mientras que en Mendoza y Tucumán hay más de 32 mil beneficiarios en cada una. En Santa Fe, Córdoba y Chaco, los titulares ascienden a 30 mil por provincia.

El programa es un derecho que tienen los jóvenes argentinos nativos o naturalizados de entre 18 y 24 años, que estudian en instituciones de gestión pública y se encuentran desocupados o trabajando informalmente, o bien en la economía formal cuando sus ingresos o el del grupo familiar no supere el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Se implementa mediante una ayuda económica mensual de 600 pesos para garantizar que esos jóvenes puedan iniciar, retomar o sostener sus estudios en cualquier nivel educativo.