Así comunicó el funcionario este lunes sobre el avance de su actuación ante las sospechas que caben sobre quienes promueven el mega proyecto: la administración en el Estado provincial e inversores nacionales e internacionales en alianza con una facción del empresariado local.

"La mitad de la provincia, sobre el río Uruguay está a cargo de este Juzgado Federal de Paso de los Libres", por lo tanto, "dio acogida a la presentación que efectué y me delegó la investigación, por lo cual estamos avanzando en ello", dijo Pont en declaraciones a una radio local.

El funcionario actúa bajo la suposición de que los empresarios intentan adueñarse del arroyo para beneficio propio, cuando su condición legal es la de "bien público".

El Fiscal calificó a las denuncias públicas que lo alertaron para iniciar su operación como "muy graves" puesto que vinculan un río que desemboca en el Uruguay lo cual supone que de haber perjuicio afectaría a una cuenca hídrica de carácter internacional.

"Al afectar la destrucción del medio ambiente y las especies autóctonas, y eso es un delito y esta tratado por el Código Penal en el artículo 182, en forma clara, y en el artículo 23", remarcó.

Ordenó a Gendarmería su constitución en el lugar a fin de iniciar las investigaciones y promovió una instrucción penal para investigar los motivos que mueven al megaproyecto.

Los efectivos de la fuerza de frontera deberán ahora identificar a los ribereños, e indentificar a los responsables del proyecto, si es que lo hubiere, y en qué estado se encuentra, elementos necesarios para que la investigación avance.