La decisión del Tribunal Superior de Justicia fue comunicada a Garré por medio de un escrito, donde se le informa que, en forma independiente de la investigación penal, se decidió aplicar una multa del 50 por ciento del salario de un juez de cámara mas 1.278.000 pesos por responsabilidad patrimonial.

Los abogados condenados presentaban cautelares en juzgados de notoria incompetencia, dado que el reclamo de los gendarmes y de prefectos son de competencia federal, con el objeto de asegurar que conseguir esas medidas en perjuicio del Estado Nacional.

Estos abogados consiguieron en los juzgados de Santo Tome, que conducían los destituidos Graciela Duarte y Humberto De Biase Echeverría beneficiar a mas de 12000 personas contra el Estado Nacional.

Además, el Tribunal comunicó a Abal Medina y Garré que pidió al tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados que evalúe la conducta ética de los profesionales y remita para su conocimiento la copia de la resolución a la AFIP para que evalúe su probable crecimiento patrimonial.