Luego de once días de suspensión y diez de atrincheramiento en el despacho comunal, la intendente de Santa Ana de los Guácaras, Ana María Escalante, volvió a ocupar sus funciones por Resolución 18/10 de la Justicia correntina que decidió mantenerla en su cargo hasta tanto se resuelva la medida cautelar interpuesta por los asesores de la Jefa comunal.

En su contacto con EL LIBERTADOR, la Intendente señaló que con la colaboración de la Policía de Corrientes, tal cual lo establece el artículo 3º de la resolución, se comenzó a correr notificación en la tarde de ayer a los concejales Fernando Gómez, Laura Cabrera y Augusto Navarrette.

"Ahora voy a abrir las oficinas para ver que todo esté en su lugar y me queda mucho trabajo por delante. A primera hora de mañana (por hoy) me presentaré en el banco con esta resolución para retirar el dinero a fin de abonar los salarios (aguinaldo y sueldo adeudado)", señaló.

Por su parte, el presidente del Concejo, Fernando Gómez, aún sin ser notificado de la medida judicial la catalogó como una resolución "a favor de la impunidad" e indicó que genera "daños en la investigación" que se lleva adelante desde el Cuerpo para determinar el destino real de la utilización de fondos (como el del Fondo Social Solidario que llevó a la Intendente al juicio político), así como a auditar las cuentas con "importantes faltantes", según indicó el edil.

"Estamos hablando de desfalco y malversación de fondos", insistió Gómez al recordar todas las supuestas irregularidades en la rendición de fondos enviados a la Comuna tanto desde Nación como desde la Provincia. En la larga lista de anomalías detectadas por la comisión investigadora, que comprometerían cerca de 700 mil pesos, figuran obras como un salón para el dictado de capacitaciones en el polideportivo, una casa de atención al turista, mejoras varias en el espacio público y la construcción de las "Viviendas fantasma" como las denominan a las 17 casas a las que supuestamente iban destinados más de 100 mil pesos.

No obstante, el edil recalcó que el proceso del juicio político continuará hasta que se dirima la cuestión de fondo, que aquí tiene que ver con la administración del dinero de la Comuna.

Cabe recordar que la suspensión fue resulta por el Concejo el miércoles 15 y paralelamente se anunció el inicio del enjuiciamiento. Al día siguiente, jueves 16, la intendente logró ingresar al despacho comunal donde permaneció encerrada a la espera de una decisión judicial hasta ayer, lunes 27. Es la tercera vez que es suspendida y nuevamente, pero de manera provisoria, mantenida en el cargo.

La primera suspensión a Escalante surgió a partir del supuesto incumplimiento de una norma que para la protección del solar histórico prohibe la realización de eventos con música de alto volumen, ya que provocan cambios en el ruido ambiental, y daños en las antiguas infraestructuras. Mientras que la segunda suspensión surgió porque no presentó ante el cuerpo los balances del ejercicio 2009, cuando la norma establece que debe hacerlo semestralmente. Y esta tercera se debió a las rendiciones del fondo sojero.