El Juzgado Contencioso Administrativo N°4 de La Plata, en el marco de un amparo colectivo en el que se reclama la construcción de una planta potabilizadora, ordenó cautelarmente al municipio de Saladillo a entregar agua potable a toda la población “libre de arsénico y agrotóxicos”.

En concreto, la Justicia obliga a la municipalidad “a que en el plazo de 15 días de notificada la presente, cree un centro de distribución comunitario en un lugar de fácil acceso para la población, donde se instalará un tanque fijo con canillas, que será abastecido y llenado con agua de fuente superficial, que cumpla los parámetros del Código Alimentario (CAA), así como de la Ley 11820, sin agrotóxicos para consumo diario y considerando las referencias de la OMS en cuanto al consumo diario mínimo por persona de agua potable, dejando establecido que cada habitante deberá concurrir con los respectivos bidones”.

Asimismo, en lo que respecta a las instituciones de salud, escuelas y centros recreativos, el municipio de Saladillo, a demanda de los mismos, “deberá proveer bidones de aguas potables con las características precisadas en el párrafo que antecede, para lo cual deberá poner a disposición el personal que estime necesario para garantizar tal provisión”.

Desde la municipalidad de Saladillo, que comanda el intendente radical José Luis Salomón, y para tranquilidad de la población, se informó a la comunidad que el agua distribuida por la red municipal es totalmente potable, apta para el consumo humano y cumple con todos los parámetros de calidad establecidos por las normativa vigente, ley provincial 11820 y Código Alimentario.

"Se ha tomado conocimiento de una medida cautelar dispuesta por un Juez, en el marco de una causa en la cual integrantes de la agrupación «ECOS» cuestionan la calidad del agua de la red municipal. Frente a ello, se aclara que el municipio cumple con todos los controles establecidos y realiza monitoreos permanentes para garantizar que el agua distribuida sea segura y apta para consumo", explicaron.

En tal sentido, añadieron a Séptima Sección que "toda la documentación técnica y sanitaria requerida será presentada ante la Justicia para su adecuada evaluación. El municipio reafirma su compromiso con la transparencia, la salud pública y el derecho de la comunidad a contar con información confiable".

"Dado que la medida dispuesta por el juez se basa en valores que no se corresponde con la legislación vigente y a su vez de imposible cumplimiento en el plazo establecido, desde la municipalidad se apelará la misma", añadieron.