WASHINGTON.- Una vertiginosa espiral de abruptos cambios de escenario y sospechas ha puesto al sistema judicial norteamericano, que se jacta de ser uno de los más garantistas del mundo, bajo la lupa.

Un día, ese sistema exhibe al jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) esposado bajo sospecha de haber atacado sexualmente a una mucama de hotel. Las derivaciones políticas e institucionales de semejante arresto repercuten en varios continentes.

Seis semanas más tarde, ese mismo sospechoso -que ya perdió su posición como uno de los hombres más influyentes del mundo- es liberado bajo palabra, porque el fiscal que lo acusó reconoce "problemas" con la credibilidad de la alegada víctima. Fue un giro escandaloso que abrió serias dudas sobre el papel del fiscal jefe de Nueva York, Cyrus Vance, y sobre el sistema judicial norteamericano.

Con igual vehemencia, hubo voces que defendieron lo ocurrido. "Estoy orgulloso de ser norteamericano. Más allá de lo que ocurra, ¿en qué otro país una pobre mujer inmigrante podría ser tomada en serio al acusar a un hombre tan poderoso?", reflexionó Alan Dersehowitz, defensor de oficio y profesor de derecho en Harvard.

Pero muchos norteamericanos -y franceses- piensan lo contrario. Que, pese a que el caso no está cerrado, lo que se vio hasta ahora es lo más parecido al linchamiento moral y público de un hombre que no ha sido declarado culpable de nada.

Dirigentes del socialismo francés, donde Strauss-Kahn es referente, insinúan una conspiración política con anuencia norteamericana en perjuicio del hombre que podría haber competido como favorito en las próximas presidenciales de Francia.

La cuestión podría haberse entendido un choque cultural entre las concepciones judiciales de uno y otro lado del Atlántico, si no fuera porque, en forma coincidente, uno de los casos judiciales más conmovedores -el de una madre acusada por el crimen de su pequeña hija- acaba de dar un vuelco impensado.

La sociedad norteamericana ya había condenado moralmente a Casey Anthony (26 años), de Florida, convencida de que había matado a su hija Caylee, de dos años. El jurado, sin embargo, la encontró inocente y la mujer saldrá en libertad. Ante el escándalo, el juez ordenó blindar la identidad de los 12 jurados.

"Me dolió el estómago de asco al dar mi voto por no culpable. Pero, ¿qué puedo hacer si la fiscalía no logró demostrar, más allá de una duda razonable, que Casey es la responsable de la muerte de Caylee?", dijo una de las integrantes del jurado popular. Fue algo más que una reputación lo que estaba en juego: de haber ocurrido lo contrario, la acusada habría terminado en la silla eléctrica.

"Entiendo que todos estos casos juntos hagan mucho ruido, pero, de ninguna manera, puede decirse que el sistema judicial norteamericano esté en crisis. Simplemente, está funcionando como debe y de acuerdo con las reglas", acotó Dersehowitz.

Los dos casos pusieron énfasis sobre el papel de la prensa, de la policía y, especialmente, de los fiscales: si se exceden en sus funciones, si están presionados por el hecho de que se someten a votación popular cada cuatro años y necesitan de casos resonantes para demostrar que funcionan.

"El papel de un fiscal de distrito es el de buscar la verdad y cumplir el mandato de la ley. Eso es exactamente lo que hizo Vance en el caso Strauss-Kahn", aseguró ante La Nacion Derek Champagne, presidente de la Asociación de Fiscales de Nueva York.

"Primero, hubo una acusación de ataque sexual con evidencia suficiente. Eso se presentó a un jurado que entendió que había pruebas como para presentar cargos", enumeró.

"Luego, el fiscal siguió investigando y, cuando encontró evidencia que comprometía el testimonio de la acusadora, la compartió con los defensores del acusado y accedió a someter ante el juez una morigeración de su régimen de arresto", añadió.

El papel de la prensa fue otro de los puntos en mira. "Sería bueno que respetaran la presunción de inocencia hasta que termine el proceso judicial", clamó la sucesora de Strauss-Kahn en el FMI, Christine Lagarde.

El perp walk -la exposición en público a un sospechoso de delito- fue, también, uno de los puntos más cuestionados. Los franceses encontraron "brutal, incriminatorio y ofensivo" la exhibición de Strauss-Kahn con las manos esposadas.