En Mar del Plata, los caminos de la corrupción en el ámbito judicial son, en muchos casos, sofisticados. O quizá burdos, pero bajo la pátina de los denominados “tiempos judiciales”, denunciados por el presidente del Colegio de Abogados Fabián Portillo el día en que la colegiatura festejaba su jornada. Portillo denunció la falta de contracción al trabajo, y ejemplificó señalando que entre las 13.50 y las14.10, los tribunales quedan vacíos y las causas se alargan indefinidamente, dejando al letrado de a pie sin explicación plausible ante su cliente salvo la remanida y falaz expresión de “son los tiempos judiciales”.

En esta semana, el abogado Martín Ferrá, cual Quijote buscando derribar los molinos de viento, amplió la denuncia en referencia a los procederes y conductas del fiscal general Fabián Uriel Fernández Garello. Garello está en una situación harto compleja, pero a diferencia de los actores de la trama platense, ni siquiera se ha considerado su suspensión. Se afirma que depende de la resolución judicial en la causa que por violación de los derechos humanos se le sigue en los tribunales de Morón. El pedido de jury está más que justificado en términos de competencia para ocupar el cargo, pero la resolución se alarga sin justificativo alguno.

En tanto, los fiscales designados por Garello siguen destrozando la vida de la gente sin consecuencia alguna para ellos. Lucía Sosa y Hectór Picart estuvieron dos años y meses privados de su libertad por una causa que instruyó la fiscal María Isabel Sánchez. Decretada su inocencia, están en la calle sin asistencia alguna, Sánchez percibe su salario del Estado regularmente, y hoy ni siquiera cumple función alguna.

La Fiscalía 10 de Delitos Económicos es otra pieza notable en este esquema de una justicia alejada de su rol y de su accionar correctivo de los malos procederes que son de carácter delictual. El fiscal David Bruna, integrante de esa fiscalía, produjo el juicio oral por el apoderamiento ilegal de los terrenos ubicados en la intersección de las calles Avellaneda y Alem; le tomó casi una década elevar el tema a esa instancia. El juez interviniente determinó culpabilidades en un solo individuo, un personero de la Liga de Remates, Gustavo Enrique Apud, quien recibió una condena menor a tres años, con lo que anda suelto a su aire. La fiscalía, en la persona de Bruna, no halló motivos para imputar a Alejandro Rossi, beneficiario último de la maniobra.

Otro caso manejado por Bruna que es de extraordinaria factura irreal es el caso que enfrenta a la familia Barillari. Luego de una década de no tramitar la causa, pese a la abundante prueba sobre el accionar malicioso de Franco Barillari en perjuicio de su familia, Bruna envió la causa a archivo, determinando que, en su convicción, los términos de la denuncia deben resolverse en la justicia civil.

¿”Tiempos judiciales”? Of course.