La cifra alcanza al 13 por ciento del total de los 2.239 imputados cuyos índices más altos corresponden al personal civil de inteligencia con 69 casos investigados; los de funcionarios del Poder Judicial, con 67 casos, y los que involucran a aquellas personas investigadas por hechos de apropiaciones cuyo número asciende a 40. Por otro lado, el número de profesionales de la salud trepa a 30 casos; los que involucran a funcionarios del Poder Ejecutivo, a 21; el de los integrantes de la CNU/SIDE, a 22; mientras que la cifra de empresarios investigados asciende a 15 y la que involucra a miembros de la Iglesia se sitúa en los 8 casos.

“No se puede tratar el tema civil como una cuestión homogénea, aunque lógicamente por el impulso que han tenido en los últimos tiempos las causas que investigan sobre todos los casos de empresarios y de funcionarios del Poder Judicial involucrados en este tipo de delitos, se pueden apreciar avances sostenidos”, dice al ser consultada por BAE Negocios, Lorena Balardini, coordinadora del Área de Investigaciones del CELS quien además advierte que si bien las responsabilidades de las jerarquías de la Iglesia católica están presentes “desde la transición misma de la democracia y en el informe del Nunca Más”, sin embargo es “sobre lo que menos se ha avanzando en las investigaciones que tienen que ver con la cuestión civil”, ya que solo siete sacerdotes están implicados en delitos de lesa humanidad, entre los cuales sólo uno fue condenado.

En relación a los casos que involucran a “los empresarios y funcionarios del Poder Judicial” advierte que “las cifras aún no son significativas” debido al poco tiempo que transcurrió desde que las investigaciones se llevan adelante, aunque en el primero de los casos “se está avanzando hacía la idea de grupos económicos al servicio de la represión” y cree que en esa materia “está todo por venir”.

La revolución se dio en los procesos contra los ex jueces, afirma Balardini, ya que a 2009 “la sentencia del tribunal de Santa Fe condenó Víctor Brusa solo por su responsabilidad civil” pero ahora los tribunales de Mendoza están acusando “a los ex camaristas Otilio Romano y Luis Miret, entre otros, por violar el deber de investigar, lo que es muy importante”.