El camarista federal José Mario Tripputti firmó la resolución del levantamiento de esa inhabilitación, teniendo en cuenta que el fiscal del Tribunal Oral Federal, Jorge Bonvehí, respondió favorablemente el pedido del imputado. Paradójicamente Bonvehí había sido el fiscal que acusó a Guzmán durante el juicio oral y público, y Tripputti el juez que lo terminó condenando el 28 de octubre de 2002, junto al ex secretario de Gobierno, José Luis Díaz. La medida fue adoptada hace meses atrás, aunque recién trascendió ahora.

Al año siguiente, la Cámara Nacional de Casación Penal revisó el fallo, redujo la pena de cuatro a tres años, y la fijó en suspenso, por lo que los ex funcionarios no fueron a la cárcel; aunque paralelamente confirmó la inhabilitación a perpetuidad.

Guzmán ocupó la intendencia de Victorica, donde nació, entre 1991 y 1995. También fue diputado provincial por el justicialismo y luego se desempeñó como empleado en el bloque partidario de la Legislatura. La Justicia lo encontró responsable del delito de administración fraudulenta, en diez oportunidades, agravada por ser en perjuicio de la administración pública. También le adjudicó otros dos delitos, falsificación de documento público y falsificación ideológica de documento público. Esto último fue por insertar declaraciones falsas en un instrumento público.

Guzmán estafó a la administración pública, entre enero y septiembre de 1995, con los fondos del Programa de Entrenamiento Ocupacional (Preno) que llegaron a Victorica y que provenían del gobierno nacional y el

provincial.

¿Cuál fue la maniobra delictiva? La Administración Nacional de Seguridad Social enviaba al Correo los dineros públicos para pagarle 200 pesos mensuales a los beneficiarios del Preno. Esos pagos debían efectivizarse en el correo. Durante los meses que los fondos fueron girados por la Provincia, se abonaban en el municipio. Pero Guzmán y Díaz, para darle un "disfraz de legalidad" a la maniobra, redactaron una resolución municipal trucha, la número 1895, que fue firmada por ellos.

Por esa resolución se abrió un listado de beneficiarios suplentes del Preno aunque estaba expresamente prohibido, ya que cualquier baja debía ser comunicada en 48 horas y, además, los imputados le ordenaron al jefe del correo, José Antonio Gil -también condenado-, que les enviará las planillas de pago y los fondos.

El Tribunal sostuvo que "el fin de la actuación (de Guzmán y Díaz) fue, sin duda, obtener beneficios económicos para sí y para terceros", añadiendo que "los dos tenían pleno dominio del manejo del programa Preno, desde la designación de los beneficiarios hasta su forma de pago. Las irregularidades observadas en las distintas planillas, tanto cuando se abonaba en la Municipalidad como cuando se lo hacía en el correo, caen bajo su absoluta responsabilidad, pues resulta evidente que, si bien el autor material de las maniobras era Díaz, pues era quien tenía en su poder las planillas y el dinero (....), Guzmán no sólo estaba en conocimiento de ello, sino que también era quien establecía la baja de determinados beneficiarios y el pago a otras personas ajenas al plan a quienes adjudicaba la calidad de suplentes, todo lo cual le posibilitaba la consumación de las maniobras defraudatorias plenamente probadas".