Para la fiscalía el expresidente y los otros exfuncionarios de la entidad crediticia habrían actuado dolosamente; es decir, sabiendo que perjudicaban al banco al autorizar que se le diera un crédito por más de 2.400.000 pesos a la firma pesquera Barilari en unas operaciones que se habrían hecho entre “el 5 y el 18 de agosto del año 2008”, cuando “la empresa atravesaba una situación financiera que luego desembocó en un concurso preventivo”.

La denuncia penal fue realizada por los entonces diputados provinciales del radicalismo Roberto Risso, Carlos Lorenzo y Marta Raso y al único que falta imputar hasta el momento es a Carlos Alberto García Lorea, quien primero pidió el apartamiento de la fiscal acusándola de “parcial” en una acción que no prosperó.

Después faltó a la audiencia en donde iban a pedirle la apertura de la investigación e imputarle los delitos que se le enrostran, mandando por correo electrónico un certificado médico en el que se decía que estaba enfermo de una alergia, que le impedía salir de su casa en Buenos Aires y venir a Rawson.

Posteriormente desapareció; la Justicia chubutense no podía ubicarlo en la Capital Federal porque en la dirección de residencia que dio la policía estableció que no vivía y que allí nadie lo conocía. Y, cuando estaban a punto de pedirle la captura su abogado, el defensor Público Damián D´Antonio, de los tribunales de Trelew, se anticipó a la medida y solicitó la realización de la audiencia de apertura que finalmente fue organizada para este 21 de diciembre a la mañana en la sede de la Oficina Judicial de Rawson.

Desde el entorno de la fiscalía dicen que podrían llegar a pedir una “ampliación” de la investigación penal contra García Lorea y de esa manera complicarle la situación procesal al expresidente del Banco del Chubut. Habrá que ver si a esto se referirán las acusadoras en la audiencia del viernes, cuando le presenten formalmente el caso a la jueza de Garantías Ivana González.