Un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia conocido ayer excluye a los miembros del Tribunal de Cuentas del cumplimiento del tope salarial constitucional, según el cual, los funcionarios “de cualquiera de los tres poderes” no podrán “en ningún caso” percibir remuneraciones “por todo concepto” que superen a la del gobernador.

De esta manera, la Justicia habilitó a los integrantes del organismo de control a cobrar sueldos superiores al del titular del Poder Ejecutivo, y para ello fijó pautas acerca de cómo deben interpretarse las leyes y decretos que establecen los ingresos de estos funcionarios.

Así, por ejemplo, la sentencia sostuvo que cuando la ley 861 determinó que los miembros del TCP percibirán una remuneración equivalente al 90% del sueldo de la gobernadora, en realidad se trata de una “referencia”, ya que por encima de ese porcentaje podrán liquidarse los adicionales por “antigüedad y título”.

Es decir que los vocales del órgano de control podrán percibir legalmente el 90% del sueldo de la mandataria, más la antigüedad y el título.

Por otra parte, el fallo convalidó el criterio de que, si la gobernadora se congela el sueldo por decreto (como ha ocurrido en los últimos meses) ello no impide a los miembros del TCP percibir sus sueldos sobre la base de lo que debería cobrar la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. O sea que “no les resultan aplicables las autolimitaciones o renuncias remunerativas formalizadas por el titular del Ejecutivo”.

En resumen, la sentencia equipara a los vocales del Tribunal de Cuentas con los jueces, y por lo tanto les permite no cumplir con el tope salarial; los habilita a percibir los adicionales personales (antigüedad y título) por encima del monto de remuneración que fija la ley y confirma que si la gobernadora se baja o congela su sueldo, ello no los afecta de ningún modo.

El pronunciamiento de los jueces Javier Muchnick, Gonzalo Sagastume y María del Carmen Battaini es polémico porque avala los argumentos con los que se defendió el ex miembro del Tribunal de Cuentas Claudio Ricciutti, cuando fue destituido del cargo por juicio político de la Legislatura.

A Ricciuti lo acusaron, justamente, de violar la ley que fija la remuneración de las autoridades del organismo, por percibir los ítems de antigüedad y título. Se trata de la misma práctica que acaban de convalidar los miembros de la Corte, sólo que cuando Ricciuti usó ese fundamento para defenderse, los mismos magistrados le rechazaron un recurso de casación.

Para pasarlo en limpio: con el argumento de que cobraba antigüedad y título cuando no correspondía, la Legislatura destituyó a Ricciuti y la Justicia confirmó esa decisión.

Luego, los otros dos vocales del TCP, Miguel Longhitano y Alberto Caballero (a los que la Legislatura no acusó pese a que ganaban lo mismo que Ricciuti) acudieron al Superior Tribunal con una acción declarativa de certeza, manifestando tener dudas de si debían o no cobrar los adicionales. Entonces los jueces sostuvieron, ahora, que el cobro de adicionales es correcto, y que además están excluidos del tope salarial y que no los incluye ningún recorte o congelamiento que determine la gobernadora por decreto.

En otro orden, el fallo del Superior Tribunal terminó de convertir en letra muerta al artículo 73 inciso 4 de la Constitución de la Provincia, que fijó el tope salarial.

Los jueces fueron los primeros en excluirse de ese tope al considerar que abarca a funcionarios, pero no a magistrados. Después, por resoluciones sucesivas, también dejaron de estar topeados los defensores públicos y fiscales, el Fiscal de Estado, los integrantes del Banco de Tierra del Fuego y finalmente todos los empleados públicos provinciales, ya que se interpretó que el tope no puede aplicarse porque la remuneración de la gobernadora se encuentra “indeterminada”, es decir, no se puede saber de cuánto es. Ello porque si bien se sabe cuál es su sueldo (el que cobra por recibo) no están valoradas las remuneraciones que percibe en especies (por ejemplo vivienda y autos oficiales, etc.).

Los argumentos

La decisión judicial respecto de las remuneraciones de los integrantes del TCP fue dictada el pasado 3 de diciembre en el marco de la causa Nº 2689/12 caratulada “Tribunal de Cuentas de la Provincia c/ Provincia de Tierra del Fuego AeIAS s/ acción declarativa de certeza”.

El primero en fundamentar por qué los funcionarios del organismo de control deben ser equiparados a los magistrados, y así quedar afuera del tope salarial, fue el juez Javier Muchnik.

“Es lógico suponer que si el constituyente quiso dotarlos de independencia en el desempeño de sus funciones, y con tal propósito otorgó a los integrantes (del TCP) la misma protección que a los jueces, no podría aplicarse a ellos un tope que no alcanza a los magistrados, conforme la inveterada doctrina que viene sosteniendo este Superior Tribunal desde su creación y que sirvió de sustento para ir dotando al Poder Judicial de la Provincia del mandato de independencia conferido por el convencional constituyente, entre otras garantías para el ciudadano”, escribió Muchnik en el fallo.

Al respecto, razonó también que “la garantía de inamovilidad de la que gozan los vocales del Tribunal de Cuentas, requiere de un presupuesto indispensable para no verse socavada, y convertirse en una declamación hueca, acudiendo en su auxilio la irreductivilidad de sus remuneraciones para conjugarse armónicamente con los postulados republicanos de un estado de derecho constitucional, respetuoso de la voluntad popular erigida en convención constituyente”.

Y en cuanto a la percepción de los ítems antigüedad y título, el juez consideró que la ley que fija el sueldo de los funcionarios de control (como el 90% del sueldo de la gobernadora) “no hace referencia alguna a que dicha asignación lo será por “todo concepto”, lo cual se compatibiliza con la circunstancia de que no se encuentran alcanzados por la prohibición de percibir los adicionales reseñados”.