Reunidos de urgencia, los 12 miembros del máximo órgano judicial del Estado admitieron a trámite la impugnación presentada apenas unas horas antes por el gobierno del presidente Mariano Rajoy, que considera fuera de la ley el proceso electoral promovido por la Generalitat catalana.

La sola aceptación del caso suspendió de manera cautelar por cinco meses la vigencia del decreto de convocatoria de la consulta firmado el sábado pasado, así como también de la ley del Parlamento local que le dio sustento. En ese lapso -que podría prorrogarse- el tribunal deberá escuchar a las partes y dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión.

Los jueces actuaron en tiempo récord debido a "la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana", según explicaron en un comunicado emitido al terminar la reunión plenaria.

Ahora el jefe del gobierno catalán, Artur Mas, queda expuesto a tomar la decisión más dramática desde que empezó su reto a la unidad de España: acatar la suspensión del plebiscito independentista o asumir los riesgos de rebelarse contra el fallo y seguir adelante con la elección.

Esquivo, Mas evitó una y otra vez anticipar cuál será su próxima jugada.

Calificó de "hostil" la actitud del gobierno central y se quejó: "No dejan preguntar porque les da miedo la respuesta". También ironizó sobre la "velocidad supersónica" con que actuó el Constitucional.

Ahora intentará continuar con el cronograma electoral bajo la hipótesis -altamente improbable- de que el tribunal podría dictar una sentencia favorable a su gobierno antes del 9 de noviembre.

De esa forma busca contener las presiones de sus socios políticos de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y de los movimientos cívicos que le exigen desobedecer al tribunal. Quieren que se vote a toda costa, sin importar las graves sanciones legales que podrían caberles a Mas y otras autoridades de la comunidad autónoma.

"Si los partidos españoles no nos quieren dejar votar, nosotros estamos convencidos de que es un derecho inalienable y lo que haremos es votar. Desobedecer significa votar", ratificó ayer Oriol Junqueras, líder de ERC.

Por su parte, las agrupaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural llamaron a sus seguidores a movilizarse masivamente contra la suspensión de la consulta y a favor de que todo el proceso siga su curso. Hoy habrá manifestaciones frente a los principales ayuntamientos de la región.

El gobierno de Mas aspira a que los cinco millones de residentes en las cuatro provincias catalanas mayores de 16 años respondan una doble pregunta electoral: "¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?", y en caso afirmativo: "¿Quiere usted que sea un Estado independiente?".

Conocido el freno judicial, la estrategia del frente secesionista consistió en acusar al gobierno de Rajoy de "antidemocrático". Y también en poner bajo sospecha la imparcialidad de los jueces del Tribunal Constitucional, cuyo prestigio en Cataluña quedó dañado desde el fallo con el que, en 2010, vetó en parte el estatuto de autonomía que había sido votado por el Parlamento regional, por el Congreso español y luego ratificado en un referéndum.

Los recursos de inconstitucionalidad habían sido aprobados ayer por la mañana por el Consejo de Ministros, presidido por Rajoy. Al terminar la reunión, el jefe del gobierno dio un mensaje desde el Palacio de la Moncloa para advertir que no permitirá la ruptura de España.

Dijo que el proyecto de Mas "atenta gravemente contra el derecho de todos los españoles, porque le impide a la mayoría de los ciudadanos decidir lo que es su país".

Según él, la consulta pretendida "va en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y perjudica su bienestar".

Rajoy le pidió a Mas que acate las decisiones de la justicia y trató de tender la mano de cara a un futuro todavía incierto: "Creo que aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, de superar una dialéctica estéril de confrontación y buscar un diálogo fructífero. Pero el diálogo será dentro de la ley"..