La Justicia Federal habría rechazado que la Comuna sea querellante en la causa por defraudación ante el incierto destino de casi $ 14.000.000

La Justicia Federal habría rechazado la presentación realizada por la Municipalidad de General Pueyrredón que pretendía convertirse en querellante en la causa que por Defraudación contra la Administración Pública ante el incierto destino de casi $ 14.000.000, se investiga en ese ámbito judicial a raíz de una causa iniciada por el Fiscal Juan Manuel Pettigiani. De esta manera la situación de las autoridades municipales se complica no solo judicialmente, sino políticamente.
Según se pudo saber ya prestaron declaración el concejal Guillermo Schütrumpf, enb tanto la titular del bloque de diputados del GEN, Margarita Stolbizer lo haría por escrito en las próximas horas. También asistiría a la sede Federal la legisladora bonaerense, Julia García.

Cabe acotar que el Dr Pettigani presentó su denuncia luego basándola en una Pedido de Informes elevado a la Cámara de Diputados de la Provincia , por parte de García quien requiere datos sobre los casi 14 millones de pesos que el Gobierno Nacional giró a Mar del Plata y que debió haber controlado el primer Estado bonaerense.

Trascendió tambien que el Fiscal Federal hace hincapié en manifestaciones del Comisario Inspector de la policía de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Salvá, que sumadas a la del concejal Guillermo Schütrumpf, y de la legisladora Julia García “resultan de suma gravedad, no solo porque quien las vierte es un funcionario público en actividad que forma parte del sistema penal, lo que permite inferir que en conocimiento de la responsabilidad que le compete por la calidad que inviste sus dichos están sustentados en elementos de convicción suficientes para abrir el debate público, sino también, porque de las mismas se desprende la presunta comisión de delitos de carácter patrimonial contra la administración Pública Nacional, dado que se pone en tela de juicio el manejo que el Poder Ejecutivo de esta ciudad ha efectuado en relación a los fondos que le fuesen girados por el Estado Nacional para combatir la inseguridad en el marco de un plan integral”.

La figura de la causa se basaría en la comisión de un hecho ilícito, el mismo se subsumiría entre otros, en el tipo penal previsto y reprimido por el artículo 174 inc. 5 del Código Penal, calificado como Defraudación contra la Administración Pública.

Además el fiscal Claudio Kishimoto había adelantado que tanto la malversación, como el descontrol o falta de control, estaban dentro del cúmulo de la investigación en el expediente, que ya cuenta con declaraciones testimoniales con las que se continúa engrosando la causa.

Se supone, de acuerdo a la resolución del magistrado, que la municipalidad no ha atendido debidamente estos aspectos, que no han permitido además que se concrete el otro desembolso de $ 13.800.000, como se anunció hace más de un año, fondos que iban a ser aplicados a gastos para combatir la inseguridad.

Ya el juez Alejandro Castellanos, había rechazado una presentación del presidente del Concejo Deliberante, por considerarla improcedente y fuera de forma administrativa, en la relación con el Poder Judicial de la Nación.

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