La Justicia del fuero contencioso administrativo falló a favor del Estado nacional en la disputa con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a dos importantes inmuebles. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) pidió una medida cautelar para frenar el tratamiento de una ley que posibilitaría la venta de terrenos cedidos en diciembre a la administración de Horacio Larreta. Se trata de predios en Palermo y Villa Crespo, y también el conocido como “Triángulo de Salguero”. Para la Nación “existe un riesgo real, cierto y concreto de infringirse un grave perjuicio al Estado”. La AABE quiere revisar los convenios que cedían esas tierras a la Ciudad, algunos de ellos firmados en diciembre de 2019, previo a la salida de Mauricio Macri de la Rosada. Dos jueces dictaminaron una medida de “no innovar”, que congela las situación para poder analizarla.

La disputa judicial inició en febrero y no se detuvo pese al Covid19. La discusión persiste, incluso, más allá del acuerdo político con el que Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández enfrentan la emergencia sanitaria. La AABE puso particular atención sobre los convenios celebrados entre el Estado nacional en los meses finales de Mauricio Macri y el gobierno porteño. Por el momento, fuentes oficiales señalaron que “no se habla de procedimientos ilegales, sino que hay que revisar el porqué de las fechas y el procedimiento”. Ante la justicia, aducen un “grave perjuicio” si se avanza con una venta en la que el erario público termine “perdiendo”.

Las medidas cautelares se firmaron el 1 de junio, por dos magistrados diferentes del fuero contencioso administrativo. El reclamo era el mismo: la AABE pedía una medida de no innovar, es decir, que los expedientes no tuvieran ningún avance, para poder examinarlos.

Antes de dejar la Casa Rosada, Macri firmó un convenio con la administración de Larreta, a través del cual se cedían los lotes conocidos como el Triángulo de Salguero sobre la autopista Illia. Se trata de cerca de 31 predios del Estado nacional que se iban a conceder como método de cancelación de un préstamo de 175 millones de dólares. El mismo fue adquirido con la Corporación Andina de Fomento para el financiamiento de la obra del Paseo del Bajo. Parte del dinero se destinó a la construcción de los viaductos San Martín y Mitre-Tigre.

Esto requería de ciertos pasos administrativos. Después de la cesión realizada por el Gobierno, debía obtenerse por parte de la legislatura de la Ciudad una ley de zonificación que daría luz verde a un desarrollo inmobiliario, que sería subastado por el gobierno porteño. Como contó Clarín en su momento, bajo esta metodología en una primera etapa se recaudaron para el Paseo de Bajo 263,9 millones de dólares volcados al playón ferroviario ubicado detrás de las torres de Catalinas Norte. Ese predio se vendió completamente.

El debate inició con la segunda parte, que se firmó previo a la conclusión del mandato de Macri. Un decreto de Alberto Fernández puso el freno a ese convenio y ordenó que la AABE examinara las actuaciones administrativas. El organismo se presentó ante la Justicia. Entonces la Legislatura, que intentó dar tratamiento a los convenios hace quince días en una fallida sesión, no podrá avanzar en el tratamiento -por el momento- que posibilitaría la venta de lotes donde se pretende levantar torres para afectar a diversas actividades. La decisión firmada por la justicia pone pausa a cualquier discusión en el ámbito parlamentario y permite que la AABE analice los convenios.

La situación se replicó con el inmueble denominado "Estación Villa Crespo", situado en la Línea del Ferrocarril San Martín, que fuera transferido al Gobierno de la Ciudad. La AABE señaló que el “peligro” persiste porque el proyecto ya se encuentra en la Legislatura porteña, donde se “propicia el cambio de zonificación”, aseverando que, de tener la correspondiente aprobación legislativa, “la venta podría ser realizada en forma inmediata”. Es el primer paso para lograr el desapoderamiento definitivo por medio de la venta del inmueble”. Por eso se pidió que no se avance en tal sentido, y la justicia falló a favor del Gobierno nacional.