Este caso había provocado en noviembre una crisis diplomática entre los gobiernos chino y español, ya que Beijing había expresado su "profundo malestar", advirtiendo que dañaría las relaciones bilaterales.

Esto genera otro conflicto para el Ejecutivo español, ya que el oficialista Partido Popular (PP) busca impulsar en el Parlamento una reforma de la jurisdicción universal que llevaría al archivo de la mayoría de las causas de este tipo que están abiertas en la Audiencia Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional española Ismael Moreno consideró a Jiang, de 87 años de edad, es responsable de esos delitos por su papel de "autoridad de supervisión" sobre quienes los cometieron directamente contra la población tibetana, informó la agencia de noticias DPA.

"Jiang Zemin ejerció autoridad de supervisión sobre las personas que cometieron de forma directa los abusos propiamente dichos, lo que lo hace responsable de actos de tortura y otros importantes abusos de derechos humanos perpetrados por sus subordinados contra la población tibetana", señala la querella que ahora el juez reproduce en el auto para decretar la prisión del expresidente.

Además de la detención de Jiang, el juez ordenó, vía Interpol, la detención de Li Peng, primer ministro chino a fines de los años 80 y principios de los 90; Qiao Shi, ex jefe de la seguridad china y responsable de la policía; Chen Kuiyuan, secretario del Partido Comunista de China en Tíbet entre 1992 y 2001; y Peng Pelyun, ministra de Planificación Familiar en los años 80 del siglo XX.

Los cinco se encuentran en paradero desconocido, indica el juez en los respectivos autos en los que decreta su busca y captura y su orden internacional de detención, informó por su parte la agencia de noticias EFE.

Las órdenes de detención de los ex dirigentes chinos, se producen un día antes de que el Congreso de los Diputados español debata una proposición para restringir las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional.

De aprobarse esta propuesta de ley, afectaría a este caso en el que la querella fue interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y el sherpa Thubten Wangchen, de nacionalidad española.

Según la querella, que el juez reproduce en los autos, Jiang, quien fue presidente de China entre 1993 y 2003, "sometió a los tibetanos de forma indiscriminada a políticas de planificación familiar que incluían la práctica extendida de abortos y esterilizaciones forzosas".

Respecto al ex primer ministro Li Peng, explica que él y el Consejo de Estado "emitieron los decretos de la ley marcial para el Tíbet en marzo de 1989" y fijó, tras la muerte del décimo Panchen Lama, las condiciones para elegir uno nuevo líder religioso bajo la aprobación del gobierno de Beijing.

En cuanto al ex ministro Peng Pelyun, la querella que ahora reproduce el juez recuerda que las políticas de planificación familiar en el Tíbet "no van dirigidas a reducir una sobrepoblación, sino simplemente a reducir la población de los tibetanos como grupo étnico y religioso".

Sobre el ex jefe de seguridad Qiao Shi, los querellantes recuerdan que es conocido por facilitar "la enorme represión de todo China tras la masacre de Tiananmen" y en el caso del Tíbet, tuvo que ver en la represión de manifestaciones con muertos y heridos.

Bajo el gobierno de Chen Kuiyuan como ex secretario del Partido Comunista en el Tíbet, "las desapariciones aumentaron enormemente", asegura el magistrado.

Y precisa, en base a alegatos de los querellantes, que "la represión y las fuertes restricciones sobre la actividad religiosa se desbocaron, expulsando del partido a numerosas personas de etnia tibetana".