Si bien por el momento hay un impasse entre el gremio UDAP y el Gobierno en el marco de las negociaciones por un nuevo incremento salarial, la otra etapa del conflicto que se lleva por vía judicial tuvo un nuevo capítulo. El pasado viernes, el magistrado del Cuarto Juzgado Civil, Roberto Pagés, modificó el monto de la multa impuesta a la Unión Docentes Agremiados Provinciales por haber desobedecido una orden judicial y hacer paro en medio de los alcances de una medida cautelar dictada por la Justicia.

La reconsideración fue interpuesta por Fiscalía de Estado el mismo jueves, al cumplirse el segundo día consecutivo de paro, resolviendo el magistrado el viernes pasado.

“Las sanciones conminatorias, deben ser efectivas, deben ser eficaces. Si a uno no le duele el bolsillo y bueno, ponemos $5, $1.000 y seguimos con las medidas de acción directa. De esta manera se busca que tenga efecto la medida. Concretamente la palabra jurídica es amedrentar al que no le da cumplimiento a una orden judicial. Es por ese motivo que nosotros presentamos al recurso de reposición en el juzgado del Dr. Pagés donde cuestionábamos el monto. El juez no nos dio lugar al recurso de reposición, pero sí ajustó la sanción y dispuso la sanción de $35.000, por haber incumplido una orden judicial por dos días consecutivos”, explicó el fiscal de Estado Mario Díaz.

Con esta última acción, el conflicto con los docentes en el fuero civil estaría finalizado, salvo que vuelvan las medidas de acción directa, luego de la reunión del próximo miércoles entre Gobierno y gremios.

Pero en el caso de volverse a presentar un escenario similar, donde vuelva a judicializarse el conflicto, los abogados de Fiscalía de Estado están trabajando en vías alternativas por donde canalizar el conflicto.

En este sentido Mario Díaz manifestó que “si se vuelve a presentar un caso como éste, vamos a recurrir a una acción de amparo. Estamos estudiando otro tipo de acciones, conjuntamente con medidas cautelares porque entiendo que es la acción de amparo la medida que está agotada y por eso tenemos que pensar en otra vía”, aclaró.

Otra de las aristas del conflicto corre por la Justicia penal ya que la desobediencia a una orden judicial contempla una pena de 15 días a un año de prisión para quien incurriera en ese delito.

Lo cierto es que al ser un delito excarcelable, en el caso de que avanzara la causa, los gremialistas no quedarían detenidos sino procesados en caso de encontrarlos culpables.

Pero desde Fiscalía de Estado se adelantó que en caso de resolverse el conflicto, esa acción no tendría razón de ser y no sería impulsada por esa repartición del Estado.