Con fecha del 23 de octubre de 2012, la resolución firmada por el juez Federal Contencioso Administrativo Nº1 de San Martín, Oscar Papavero, dispuso “poner en conocimiento de las autoridades del égido municipal las denuncias a fin que se evalúe la necesidad de adoptar las medidas urgentes de prevención y cese” que correspondan.

La causa judicial fue iniciada por Graciela Aleña y once vecinos damnificados contra las empresa de capitales holandeses Alimentos Modernos S.A. –conocida como Farm Frites-, su frigorífico Coolmind, la municipalidad de Vicente López, el OPDS y el gobierno bonaerense.

Para la edil Aleña y los letrados querellantes Adolfo Piacente y Gabriela Otero, la resolución refiere a un llamado de audiencia pública donde los vecinos puedan presentar sus denuncias directamente ante la autoridad del jefe comunal.

En la misma notificación, el juez se consideró “incompetente” y remitió las actuaciones a la Justicia de San Isidro por considerar que escapa a la competencia federal. En los tribunales sanisidrenses recayó en el Juzgado Nº1 a cargo de José Abelardo Servín donde proseguirá hasta el fallo definitivo.

Los vecinos de las fábricas involucradas ubicadas en Fleming y Drago en Munro Oeste hace unos 15 años que realizan denuncias por irregularidades en la habilitación, violaciones del COU (Código de Ordenamiento), y más grave aún, serias problemáticas en la vida cotidiana como contaminación hídrica, sonora y ambiental, olores, perjuicios a la salud y daños a las viviendas ocasionadas por la entrada y salida de grandes camiones, entre otros.

“En agosto hemos decidido entablar una demanda por daño ambiental. Para eso se han recabado quince años de denuncias de los vecinos que fueron documentados en una demanda de más de mil fojas” explicó Piacente, abogado de los damnificados en una conferencia realizada en el local partidario de Aleña en Olivos.

“El juez en la resolución aplicó una medida precautoria que está prevista en la ley 25675 (Ley General de Ambiente) que es la de audiencia pública. Para esta medida tomó el mismo fallo que la Corte tomó para el caso del Riachuelo: está citando al intendente de Vicente López para que ponga fecha de audiencia pública y se reúna con los vecinos de Munro Oeste” agregó el letrado, al tiempo que aclaró que “le deja abierta al otro juez de San Isidro para que tome el resto de las medidas”.

Por su parte, la concejal peronista aseguró que debido a la “lucha que hace muchos años que vienen dando los vecinos de Munro, nosotros tomamos el compromiso de ir a este el lugar y conocer la problemática individual de cada uno de los vecinos. No planteamos la clausura de la fábrica sino que una posible solución es el traslado” indicó Aleña.