La Fiscalía Federal tiene en sus manos la denuncia del titular de Anses, Raúl Radonich. Pese a estar inhabilitados, seguirían percibiendo sus haberes.
Se trata de los ex militares Enrique Olea, Mario Gómez Arenas, Oscar Reinhold, Hilarión de la Pas Sosa, Luis Farías Barrera, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Julio Oviedo, sentenciados en el juicio de La Escuelita I.
El hecho fue detectado por Radonich, sobreviviente del centro de detención, luego de que notara que uno de los condenados presentó un trámite para cobrar una pensión derivada tras el fallecimiento de su esposa.
Ayer, la delegada regional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Beatriz Gentile, adelantó que se pondrá en contacto con Radonich para obtener información del caso.
"Nos parece muy bien que se investigue. Vamos a solicitarle información a Radonich. Está claro que ahora la Justicia es la que tiene la denuncia", dijo Gentile en diálogo con La Mañana.
"Cuando averigüé quién era el solicitante del trámite, pedí al Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén que me remitiera la documentación necesaria de la condena dictada donde claramente se establece la inhabilitación absoluta y que estaba penado a 20 años de prisión”, relató.
El funcionario investigó el estado de los otro siete condenados en el juicio y constató que todos percibían beneficios del Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares. “Lo hacían sin apoderados o sin la intervención de sus cónyuges, es decir, que no se está haciendo efectiva la condena”, expresó. Agregó que son montos considerables los que se estarían pagando.
En consecuencia, realizó una presentación a la Fiscalía Federal para que se investigue el hecho que contradice el artículo 19 del Código Penal. Además de imponer la imposibilidad de ocupar cargos y empleos públicos, el artículo establece la “suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión”.
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