Por: Felipe Osman.

Una sentencia dictada por la Justicia porteña (adonde transita el concurso de Cotreco) estableció que la Emergencia Municipal no es obstáculo para que la empresa exija la ejecución de una deuda de $232 millones de pesos, desestimando una presentación del Palacio 6 de Julio que buscaba resistir tales embargos escudándose en dicha situación.

A entender del juzgado a cargo de Hernán Diego Papa la estrategia defensiva del municipio no resulta pertinente, ya que las sentencias condenatorias son anteriores a la modificación de la Ordenanza de Emergencia que determinó la inembargabilidad de los fondos públicos.

Esta sentencia, además de plantear que no existen obstáculos para que se ejecute la referida deuda de $232 millones, abriría el camino para que el resto de lo reclamado (aproximadamente $1.800 millones) siga una suerte similar en el futuro, y jurídicamente representa una antes y un después, ya que va en contra de la jurisprudencia más extendida hasta el momento, en la cual la Justicia siempre ha sido deferente con el poder político y ha preferido no avanzar sobre los regímenes de emergencia por él dictados.

Desde la Municipalidad, sin embargo, dicen desconocer esta sentencia, y aseguran que los reclamos de Cotreco no podrían transitar en los juzgados porteños. Desde la empresa explican que la sentencia se dictó en el marco de un incidente planteado en el concurso radicado en Capital Federal en virtud del fuero de atracción que opera en los procesos concursales.

Debe destacarse, más allá de estas diferencias, que todos los reclamos datan de la anterior gestión municipal, y a entender de allegados a la compañía ofrecen una buena explicación respecto de las desventuras que la empresa y algunos de sus directivos han atravesado en los últimos meses.

Según explican, el grueso de los reclamos se fundan en demoras en el pago de las facturas que la empresa remitía a la Municipalidad y en la falta de reconocimiento de servicios prestados por la compañía que eran luego desconocidos por la gestión de Ramón Mestre.

Para ilustrar estas demoras en el pago, representantes de Cotreco explican que entre 2012 y 2019 las facturas por prestaciones de conceptos “habituales” -que según el artículo 29 pliego debían ser saldadas dentro de los 15 días de presentadas- eran pagadas con 35 o 40 días de demora, y que en el caso de las facturas por conceptos “extraordinarios”, como la prestación del servicio en días feriados o las redeterminaciones de precios, la demora llegaba a ser de 180 días.

Además apuntan que, aunque en 2016 existió una adenda al contrato que extendió el plazo de pago a 50 días, tal modificación unilateral de las condiciones de contratación es jurídicamente muy cuestionable y que ni siquiera dicho plazo extendido se cumplía a rajatabla.

Si se tiene en consideración que el 70 por ciento del volumen de negocios de la empresa se concentraba en Córdoba, donde gestionaba la zona sur y centro de la ciudad, se advierte que el desfasaje en el pago resultaba terriblemente oneroso para la compañía, que debía recurrir un sistema financiero que ya entonces presentaba costosísimas tasas de interés y que no podía retrasarse en el pago a proveedores y empleados porque el servicio se hubiera visto seriamente resentido sino completamente paralizado.

Finalmente, hay quienes entienden que estas enormes demoras en el pago terminaron sellando la suerte de la compañía, que hoy no sólo transita un concurso de acreedores sino que, además, ha visto a sus socios y a algunos de sus directivos imputados ante la Justicia por verse imposibilitada de mantener al día sus pagos a Afip.