La Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli por los gastos que realizaba con la caja chica del organismo a su cargo, con la que se compraron vestidos, camisas, chombas, un strapless , corbatas y gemelos.

No obstante, el tribunal anuló el procesamiento que pesaba en su contra por abuso de autoridad al repartir $ 47.744.000 de su superintendencia entre 52 obras sociales para programas de salud preventiva. Los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah entendieron que había dictámenes y otros actos de la administración pública que le permitían disponer de esos fondos.

Los magistrados no se pronunciaron sobre otras acusaciones que pesan sobre Capaccioli, como el supuesto encubrimiento de lavado de dinero con los fondos electorales.

En cambio, sí analizaron cómo gastó el dinero de la caja chica en Awada, Etiqueta Negra, Prüne, Nike, Paula Cahen d'Anvers, La Martina, Polo Ralph Lauren, Ossira, Halsey y Cardon, entre otros locales de ropa y accesorios. Destacaron que "utilizó indebidamente los fondos asignados para gastos de cortesía y homenaje", por lo que confirmaron su procesamiento por malversación de caudales públicos, castigado con hasta tres años de prisión.

Con esos fondos, entre agosto de 2006 y julio de 2008 Capaccioli compró 20 camisas, cinco remeras, dos pantalones, dos vestidos, dos sacos, gemelos, corbatas, chombas, camperas, ambos, ropa deportiva y hasta juguetes, un cargador de celular y un strapless .

Los camaristas también dispusieron la libertad del ex gerenciador del PAMI Rubén Romano y de su hijo Darío, al declarar la nulidad de sus procesamientos, y le concedieron la excarcelación a Carlos Horacio Torres, de la empresa Multipharma SA. Asimismo, ratificaron la detención del titular de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, preso junto con el secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola, y confirmaron la falta de mérito del sindicalista Juan José Denaro, titular de la mutual del Personal del Agua y la Energía de Mendoza. Los magistrados volvieron a advertir al juez Oyarbide por "las imprecisiones, vaguedades y contradicciones" en las resoluciones que dicta, que calificaron de "inaceptables".