El jurado está integrado por el ministro del STJ, Tomás Mustapich, la diputada Silvia Larreta (PJ), el diputado Martín Berhongaray, y las abogadas Lidia Marta Ullán y Marianela Oriani.

El diputado provincial Martín Berhongaray informó que “lo que se resolvió es aplicar un criterio amplio. Se aceptaron todas las pruebas, las que ofreció el propio Salinas para su defensa y las que propuso el Procurador adjunto (Guillermo Sancho)”.

Por cada lado hay propuestos nueve testigos, aunque algunos se repiten. Los fiscales Alejandro Gilardenghi y Héctor Aberásturi fueron propuestos por el Procurador. Y la exfiscala Noelia Afonso.

Sancho está a cargo de la acusación después que el procurador general Mario Bongianino se excusara de hacerlo. Bongianino,además, enfrentó un juicio político por su actuación en el caso Sofía Viale, pero aunque fue acusado, no fue condenado. El acusador pidió la separación de Salinas del cargo al considerar que el fiscal general de Pico “fue abiertamente negligente, no por el tipo de actuación que le imprimió al caso, sino por la falta de intervención e injerencia en la toma de decisiones, cuando ésta le es impuesta por el ordenamiento judicial”.

El Procurador menciona como marcos normativos la ley Orgánica del Poder Judicial y las distintas resoluciones de carácter general de la Procuración General, a cargo de Mario Bongianino. El fiscal general señaló -entre esa normativa- la resolución 9/11 de marzo de 2011. Allí, en el punto 8 la Procuración “estableció con carácter obligatorio la realización de reuniones semanales de trabajo en cada una de las oficinas de las provincias, a las que debían asistir todos los funcionarios del Ministerio Público del asiento (de Pico) con el objeto de discutir estrategias de investigaciones y unificar criterios de actuación”.

Afirma que “esas reuniones debían plasmarse en actas y ser remitidas en forma mensual a la Procuración”.

La resolución 10 de la Procuración General consigna que “le corresponde lograr al fiscal general un efectivo entendimiento y coordinación con los representantes de cada una de las dependencias”.

El caso de Sofía Viale se inició el 31 de agosto de 2012 en General Pico, cuando la pequeña de 13 años desapareció. La investigación quedó en manos de la fiscala adjunta Noelia Afonso, una joven abogada con un contrato. La pequeña salió a vender productos panificados y no volvió a su hogar.

A pesar de la insistencia de la familia Viale sobre que no era un caso de fuga de hogar, la fiscala y la Policía investigaron esa hipótesis. Además, una amiga la despidió a pocas cuadras de su casa, cuando regresaba en el horario que le había prometido a su madre.

Pero la Justicia y la Policía acusaron a los abuelos maternos por la figura delictiva de ayudar a la fuga de la menor. Levantaron “evidencia” del auto de los abuelos y mostraron “cabello que sería de la niña”.

Todo terminó en un escándalo y en una tragedia. Sofía Viale fue violada y asesinada por Juan José Janssen, un exconvicto que vivía a cien metros de su casa. El caso se conoció cuando Janssen violó a otra niña de 14 años y su padre derribó la puerta de la casa del violador: la casa del violador y asesino de Sofía Viale, desaparecida hacía 67 días.

Durante ese lapso, Salinas dijo que los Viale “no eran la familia Ingalls”. La Policía habló de infidelidades en la pareja y de un supuesto caso de abuso dentro de la familia. Además, no brindó apoyo a Afonso, quien le había solicitado que se tratara el caso como un delito complejo.