La magistrada civil fue denunciada por mal desempeño en la causa de la quiebra del club Atlético Santa Rosa. El cuerpo abrió una investigación sumaria antes de resolver si la llevará a juicio.
El cuerpo está compuesto por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosa Elvira Vázquez, los diputados Patricia Lavín (PJ) y Martín Berhongaray (Frepam), y los abogados santarroseños Marcelo Octavio Corrales y Gustavo Alfredo Bergonzi. Los cinco se reunieron por segunda vez ayer a la mañana en la sede del Consejo de la Magistratura.
El jury, por unanimidad, y basándose en el artículo 31, inciso 3), de la Ley 313 de Jurado de Enjuiciamiento, declaró la denuncia prima facie admisible y abrió una investigación sumaria. También citó a Fernández para el martes a las 15.30, a los fines que dé sus explicaciones, y convino que llamará a Martín para que brinde precisiones sobre su presentación.
El inciso mencionado expresa que "si la denuncia fuera prima facie admisible, el jurado oirá al magistrado o funcionario, disponiendo si lo creyere conveniente, una investigación sumaria por intermedio de la presidencia" antes de darle curso o rechazar la denuncia. Una vez que se la da curso a la denuncia comienza el proceso propiamente dicho.
La abogada Martín denunció en mayo a Fernández, titular del Juzgado en lo Civil 1 de Santa Rosa, porque consideró que tuvo un mal desempeño en la tramitación de la quiebra de club Atlético Santa Rosa, ya que aceptó una propuesta -que calificó de "abusiva"- de parte el ex presidente de la institución, Miguel "Huevo" Gómez. Este, junto al ex prosecretario Jorge "Toro" Sánchez y el ex protesorero Raúl Talmón, fueron condenados penalmente por el delito de defraudación en perjuicio del club.
¿Cuál fue el acuerdo presuntamente abusivo? Gómez le ofreció al fideicomiso que administra a la institución, devolverle 33 hectáreas que están sobre la ruta nacional 5 y que permanecen en su nombre -aunque habrían sido adquiridas con dineros de Santa Rosa- a cambio de que el club "desista de todas las acciones" legales iniciadas contra él y su hijo Gastón y que, además, se haga cargo de los honorarios de los abogados y peritos involucrados en el expediente. Esas erogaciones, más las deudas con la Dirección General Impositiva y la Caja Forense, rondarían el 1.300.000 pesos. Fernández y el fideicomiso avalaron el ofrecimiento del condenado.
La denunciante, en el escrito elevado al jury, sostuvo que "la sentencia (de Fernández) peca de bondad excesiva o descuido, superando los límites de la buena fe, la moral y las buenas costumbres".
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