De esta manera oficialmente comienza funcionar éste instituto incorporado en la reforma constitucional de 1994, aunque aún restan muchos detalles por solucionar, no solo en lo que respecta al especio físico, sino especialmente en lo que hace a la estructura, tema que generó un fuerte conflicto con la Legislatura chaqueña y que aún mantiene vigencia, prueba de ello fue la notoria ausencia de diputados al acto, más allá que fueron ellos con sus votos los que designaron a ambos defensores.

A la hora de ser consultado sobre la ausencia de legisladores, Corregido trató de justificarlos y dijo “vamos a suponer que están trabajando, hoy por ayer, hay sesión o están en comisiones”, aunque sus expresiones fueron tomados como una ironía, algo que aclaró no pretendió serlo.

Lo cierto es que solamente tres diputados de bloques unipersonales se hicieron presentes (Raúl Acosta, Juan José Bergia y Egidio García) mientras que el presidente del Poder, Eduardo Aguilar como los integrantes de los bloques mayoritarios (PJ y UCR) no acudieron a la cita, entre ellos Ricardo Sánchez y Carim Peche.

En el caso del Poder Judicial, estuvo el procurador Jorge Canteros en representación de los integrantes del Superior Tribunal, mientras que se resaltó la presencia de la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones, Ana Order, como del juez federal Carlos Skidelsky.

Muy sencillo

La sencillez del acto para nada opacó el significado histórico para la provincia; el primero en jurar el cargo fue Corregido y con posterioridad Illia. En cada uno de los casos no se hizo ninguna mención especial y solamente apelaron al “sí juro”, para luego firmar las actas correspondientes que oficializa la puesta en funcionamiento de la Defensoría del Pueblo del Chaco.

Una vez finalizada la jura, los defensores en conferencia dieron a conocer distintos puntos de vista sobre la gestión que les toca encarar y los pasos que deben dar en el corto tiempo para que comiencen a recibir las demandas de la población.

El defensor tuvo que volver a hablar sobre su enfrentamiento con los legisladores a partir de la ley vetada por el gobernador- en la que no solamente creaba la estructura de la defensoría sino que ya fijaban los nombres de las personas que ocuparían cada cargo. “Las designaciones fue justamente lo que trajo algunos problemas en la puesta en funcionamiento”, expresó y en forma seguida dijo que “la Defensoría del Pueblo es un órgano que se caracteriza justamente por su independencia, no acepta ningún tipo de injerencia de ningún poder del Estado, mal puede la Cámara de Diputados decidir el personal; de todas maneras en lo que hace a la designación la forma en que se hará es algo que no está resuelto todavía. Es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados votar la ley de estructura, pero en lo que hace a la designación del personal es una facultad exclusiva del Defensor del Pueblo”.

Conflicto superado

Para el defensor el conflicto con la Legislatura está superado y dijo que dejó algunas enseñanzas, entre ellas y a título personal expresó que “pude haber obtenido el mismo resultado siendo más aplomado, no haber utilizado términos tal vez injuriantes en forma innecesaria, pero que en el fondo lo ratificó porque votaron una ley contraria a derecho que introducía abusos y vicios”. También entiende que para el caso de los diputados era que “deben revisar lo que votan; no pueden votar alegremente cualquier cosa, deben advertir que algo contrario a derecho no deben hacerlo, para eso son diputados y representan al pueblo”.

Con la Nación

Asimismo manifestó que trabajarán coordinadamente con otras defensorías y en especial con la Defensoría de la Nación con quienes ya tomaron contacto y ofrecieron el soporte informático que utilizan, situación que también significará un ahorro de dinero.

En 60 días

Por su parte Illia sostuvo que era un día muy especial porque “comienza a funcionar un instituto constitucional y creemos que es fundamental para el desarrollo democrático, político y social en la provincia del Chaco”.

Explicó que “la mayor expectativa está centrada en cuándo comenzamos a funcionar; realmente como es una institución nueva debemos empezar de cero, desde conseguir un lugar para establecernos, el equipamiento, el mobiliario, hasta la designación de personal”.

El defensor adjunto detalló que en la última reunión mantenida con el gobernador se comprometió a otorgar la asignación de fondos suficientes para empezar a funcionar lo antes posible. “Hay una previsión estimada de 60 días para estar en condiciones de atender las demandas de la gente que necesite nuestra intervención”.