Vecinos y profesionales de la cordillera chubutense rechazan de plano el contenido del decreto dictado en marzo último por el Poder Ejecutivo Provincial para habilitar el manejo de las tierras fiscales con bosques nativos a las jurisdicciones municipalidades, por considerar que habilitará negocios inmboliarios afectando el medio ambiente.

AMPLIAR EL PLAZO

La intención de los promotores de la acción de movilización social, es contar con un plazo mayor al que establece la suspensión de 60 días --que vence el 5 de julio-- a fin de analizar de manera conjunta entre instituciones y organizaciones no gubernamentales la presentación en la legislatura de un anteproyecto de ley que contemple limitaciones a la disposición de tierras con bosque nativo.

Además se acordó programar en los próximos días un nuevo encuentro o taller, en vista de las preocupaciones surgidas en el evento que organizado por las cátedras de Filosofía de las Ciencias, Botánica General, Sociología Rural, Patología Forestal y Silvicultura de la Universidad Nacional de la Patagonia y Profesionales de Dirección General de Bosques y Parques tuvo lugar en el salón del Instituto Superior de Formación Docente Nº 804.

Es que en el primer panel se discutió sobre las implicancias del Decreto Provincial 268/11, donde se municipaliza las tierras fiscales con bosque nativo situadas en los ejidos municipales y se derogan artículos del decreto 712/04 y el decreto 1.530/2005 (que involucran la definición de bosque nativo y el rol de la Dirección de Bosques y Parques en la venta de tierras fiscales con bosque nativo).

FUNDAMENTOS

Entre los oradores estuvo el diputado radical Carlos Lorenzo, quien dio cuenta de la tarea que se viene desarrollando desde la legislatura provincial para avanzar con la creación de una normativa sobre los bosques nativos en la zona cordillerana.

Según el legislador el proyecto de ley presentando “es una propuesta de revisar los últimos cuarenta años, en lo que entran todos los signos partidarios, para tratar de recuperar el bosque nativo para lo que pensó el constituyente: las futuras generaciones”.

En el marco del debate del Decreto del gobierno provincial, el radicalismo plantea un conflicto de poderes y recuerdan que la decisión ya motivó la presentación de amparos por parte de vecinos para derogar el decreto 268/11.

El decreto 268/11 involucra a El Maitén, El Hoyo, Epuyén, Esquel, Trevelin, Corcovado, Río Pico, Río Senguer. Hasta el momento se expresaron a favor del mismo los intendentes de Lago Puelo, Iván Fernández, y de Cholila, Miguel Castro, --en uso de licencia y electo por un nuevo período-- fundamentando su posición en la “necesidad de desarrollo urbano” de los pueblos.