Hasta ahora son solamente dos los supermercados, “Vea” y “La Anónima” que suscribieron un convenio con el Estado para mantener invariables los valores de los productos de primera necesidad que forman parte de la canasta familiar.

De todos modos, estas instituciones aspiran a mejorar sus divisas no por la estampida del número de clientes que las elijan sino porque apuestan a la utilización de la tarjeta de crédito “Supercard”, cuyo lanzamiento fue anunciado como inminente por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Jerónimo dos Reis, presidente de la Sociedad Comercio e Industria, habló del tema y de las reacciones que generó en los dueños de grandes mercados que todavía no adhirieron al plan de estabilidad. “He conversado con supermercadistas y planteaban que es muy difícil mantener el congelamiento de precios si el proveedor les aumenta el producto. Hay que tener en cuenta que esto viene atado a la tarjeta de Moreno, donde estos comerciantes tienen una reducción del dos por ciento de la comisión que se paga por la utilización de esa herramienta”, señaló el dirigente.

Por otro lado, indicó que lo complicado de aplicar este procedimiento en Junín pasa, primero, por la falta de controles estatales: “No está la Secretaría de Comercio verificando que se cumpla lo establecido por el acuerdo. Entonces, hoy hay determinados precios, pero cuando se produzca una variable por equis motivo, lo van a trasladar al producto. No pueden soportar el margen entre el costo viejo y el nuevo”, analizó.

Los comercios que están adheridos a esta iniciativa figuran en la página web www.preciosensusitio.gov.ar, a la que se puede acceder en forma directa o a través del portal de Internet de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Ese espacio digital consigna que en Junín, los negocios que se acogieron a la disposición gubernamental son “Vea” y “La Anónima”.

“Lo que pasa es que muchas de las grandes cadenas, al estar ramificadas en diferentes barrios o zonas del país, ponen los precios de acuerdo con el poder adquisitivo de la zona geográfica en la que se encuentran instaladas. O sino, trabajan con diferentes marcas según el estrato social que rodea la sucursal en cuestión, entonces son muchos los factores que se tienen que tener en cuenta, porque está claro que nadie va a trabajar a perdida”, señaló el titular de la cámara empresarial.

“Muy en el aire”

La titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic), Carolina Echeverría, afirmó que la dependencia a su cargo tiene competencia para recibir denuncias sobre eventuales incumplimientos en el compromiso de no aumentar valores asumido por algunos negocios.

De todas formas aseguró que “está todo muy en el aire, y a nosotros que estamos en el interior se nos hace más difícil aún. Y yo tengo que contar con todas las herramientas como para saber asesorar a la gente cuando viene con alguna consulta o reclamo”.

“No hay una ley, un decreto o una circular, no hay nada. Lo que existe es un convenio entre el Estado y estas cadenas. No podemos someter al pobre mercadito o al comercio chico a un congelamiento cuando a ellos ya le llegan los precios con aumento.

Hasta ahora no hemos recibido ninguna denuncia por incumplimiento”, señaló la funcionaria.

Guillermo Moreno, congeló en los últimos días y por seis meses los precios de todos los combustibles líquidos y amenazó con aplicar la Ley de Abastecimiento a quien no acate la medida. Así se estableció mediante la Resolución Nº 35 publicada en el Boletín Oficial, en la que se comunica que se tomará como referencia el valor máximo de los precios impuestos hasta el martes pasado.

Esta nueva medida despertó el malestar de los referentes del rubro ya que manifestaron que los precios de los combustibles seguirán aumentando de acuerdo con las necesidades de la industria, específicamente de las refinerías.

En los argumentos de la Resolución se indicó que “se torna imprescindible dictar una política tendiente a determinar el precio de los combustibles líquidos, evitando de esta manera que se produzcan desajustes en los montos que deban abonar los consumidores”. Sin embargo, la medida alcanza a los minoristas pero no a los industriales, que ajustan sus valores según la variación de sus costos de producción, los que a su vez incluyen el rubro sueldos, muy volátil aún por paritarias inconclusas.