Más de diez mil personas dependen en forma directa de diferentes planes y ayudas sociales para poder subsistir, aunque en la mayoría de los casos, esa asistencia no les alcanza para superar la línea de pobreza.

La crisis se instaló de lleno en 1.300 hogares cuyos habitantes esperan ansiosos la llegada de fin de mes para cobrar los 100 pesos de la tarjeta alimentaria que otorga la provincia de Buenos Aires, en otros 8.500 que aguardan los ahora 340 pesos de la Asignación Universal por Hijo (esa suma empezará a regir en octubre, dado que hasta septiembre les pagaban $ 270) y en cientos de viviendas donde se subsiste gracias a los 1.680 pesos de la pensión para madres de siete hijo y los 1.320 para discapacitados.

Lo peor es que cuanto más larga y tediosa parece ser la espera, mayor es la precocidad con la que se esfuman los billetes que reciben los beneficiarios. Un universo de sufridos entre los que se cuelan desafortunados en la búsqueda laboral y otros que buscan enderezar el rumbo de su vida y acuden a la asistencia estatal para mantener a su descendencia hasta tanto pueda encontrar un empleo.

Desde el municipio reconocen que buena parte de la población se encuentra sumida en un mar de necesidades básicas insatisfechas. También lo admiten en el kirchnerismo local, que si bien no es gobierno en la ciudad, merece ser consultado porque hay factores de la cuestión social que responden a una coyuntura mucho más amplia de la que se juega en el terreno local. Además, esa facción política tiene en Gustavo Traverso a uno de los hombres más cercanos a Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social.

Sin embargo, uno y otro bando se sienten más cómodos tirándose la culpa mutuamente que ensayando una autocrítica.

El drama de no tener qué comer

El problema de la escasa alimentación afecta a niños menores de seis años de al menos 1.300 familias juninenses. Ese es el número de tarjetas alimentarias que se expiden todos los meses en nuestra ciudad, reveló Paola Rizzo, subsecretaria de Acción Social del Gobierno Local.

“Forma parte de un plan que tiene como eje fundamental la alimentación de los chicos. Son aproximadamente 1.300 las familias que reciben el depósito de 100 pesos en el Banco Provincia para comprar en los negocios habilitados. Es requisito que haya algún niño menor de 6 años y tiene que tratarse de gente que no está incorporada al sistema laboral ni que reciba pensiones. Si una familia tiene más de un hijo menor de 6 años, el monto que recibe es el mismo, lo que varía es la cantidad de leche que se les provee. Dicho sea de paso, hace varios meses que la provincia no está otorgando esa mercadería, por lo cual tiene que hacerse cargo el municipio de las familias que tienen un riesgo mayor”, le dijo Rizzo a DEMOCRACIA.

Otra de las ayudas –que como en el caso anterior provienen de la provincia pero son canalízadas por el municipio- es el programa “Envión”, por el cual se dan 250 becas estímulo a chicos para insertarlos al sistema educativo y al ámbito laboral.

Rizzo sostuvo que la demanda, de comida principalmente, “es permanente”.

“En cuestión de presupuesto nunca tuve inconvenientes. Hay cuestiones de coyuntura política que no parten desde el municipio, es al revés. Estamos viviendo consecuencias de la política nacional que hacen que tengamos que atender nosotros cuestiones que nos sobrepasan. El tema viviendas no es algo de lo que se pueda encargar el municipio porque no tiene semejante autonomía financiera como para encarar un programa de viviendas por su cuenta”, agregó.

La crisis laboral y las pensiones

Carolina La Blunda, quien coordina el Centro de Referencia Junín que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, también enfatizó el momento delicado que golpea a la clase baja juninense. “La demanda se ha incrementado, sobre todo porque a su área de Acción Social el municipio le otorga muy poca importancia, entonces no existe ninguna planificación ni línea clara de trabajo. Eso es percibido por la gente, que además ve que nosotros le damos respuesta y nos tomó como punto de referencia”, afirmó.

Sin apartarse ni un céntimo de su posición kirchnerista, La Blunda sostuvo que “a la situación social la veo más desigual que en otras ciudades de la zona. Puedo comparar lo que ocurre en Chacabuco, en Ameghino y en General Pinto, con lo que sucede en Junín. Por ejemplo, en dos de esas tres ciudades, no hay déficit habitacional. Todos tienen acceso a una casa. Yo quisiera que en Junín pasara lo mismo”.

En cuanto a los planes sociales, los descalificó como tales y además de decir que “hoy no existen”, habló de una redefinición del concepto: “En este momento, lo que hay es una política social con dos ejes, familia y trabajo, y desde 2003 hasta ahora se ha tendido a hacer planes de cobertura universal, como la Asignación Universal por Hijo, que se gestiona a través de AnsEs y es la política de ingreso social más importante de este gobierno. Está bancarizada, se realiza a través de un cruce informático que determina las familias en situación de vulnerabilidad social. O sea, no tienen un trabajo registrado ni la madre ni el padre”.

Por otro lado, informó que en las oficinas situadas en avenida San Martín 143 se tramitan pensiones graciables no contributivas para madres de más de siete hijos (cobran $1.680), para personas con discapacidad ($1.320) y para mayores de setenta que no tengan ningún beneficio previsional.

La forma de acceder es retirando una planilla de la sede del centro de referencia, que debe ser completada por un médico que determine la discapacidad de la persona. Con esa certificación, la persona debe volver con la planilla a la oficina de La Blunda y es ahí cuando se inicia el trámite. Además se realiza un cruce informático para comprobar que no tenga bienes inmuebles y muebles a su nombre, que no tiene otra pensión. Se otorga un promedio de 350 por mes. Hay que tener en cuenta que se atiende a personas de Junín, Carlos Casares, 9 de Julio, Chacabuco, Bragado, Alberti, Chivilcoy, General Villegas, Leandro N. Alem, General Arenales.

También se gestiona el monotributo social. “Tiene que ver con fortalecer el empleo. Se implementó en el año 2007, es la categoría social más baja. Su objetivo es que las familias que están trabajando en situación irregular o no formal, entren en el mercado de trabajo. Pagando cincuenta pesos por mes, la persona tiene derecho a una obra social, a realizar aportes jubilatorios y a emitir factura. Tiene los mismos derechos y obligaciones que un monotributista común, pero dado el grado de vulnerabilidad en que se encuentra, el Estado financia una parte del capital destinado a la cobertura médica”, agregó la titular del centro de referencia.

El fin de los planes “Trabajar” ¿Y el fin de los punteros?

De los planes “Trabajar” o “Jefes y Jefas de Hogar” va quedando solamente el recuerdo. En la actualidad, esas ayudas de $150 a cambio de una contraprestación que crecieron y subsistieron en medio de la polémica por la sugestiva participación de los “punteros” políticos, fueron absorbidos por otros planes asistenciales.

“Eran de la época de Eduardo Duhalde y de Fernando De la Rúa. El kirchnerismo, lentamente instaló otro paradigma de políticas sociales, que no tiene que ver con la discrecionalidad que manejaban los punteros del barrio o quienes estaban a cargo de acción social del municipio le querían otorgar el plan o no. Ahora, en AnsEs o acá no le preguntamos a nadie de qué partido político es afín o a quién vota, jamás. No es porque somos buenos sino que hay un cruce de información que es estricto, donde interviene la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), donde nosotros podemos comprobar si las personas tienen patrimonio a su nombre. Por una cuestión tal vez cultural, en la época de elecciones la gente viene más”, aseguró Carolina La Blunda.