El acto fue encabezado por el ministro de Gobierno y Justicia, Pablo La Villa acompañado por los secretarios de Gobierno, Fernando Pedicone, y de Protección a la Comunidad, Marcelo Nasif. Además concurrieron integrantes de la Asociación de Familiares de Víctimas contra la Impunidad.

Se informó en la oportunidad que el objetvivo principal del Programa Nacional es diagnosticar y desactivar los mecanismos de impunidad que pudieran existir. Asimismo, procura romper el aislamiento que padecen las víctimas con sus reclamos de justicia, impulsando medidas que permitan a las autoridades adoptar estándares de actuación basados en el Sistema Universal y Regional de Derechos Humanos.

COMPROMISO

Al usar de la palabra, el doctor Jarsun expresó que “hoy es un día de satisfacción por la incorporación de la provincia al ProNalCI, por lo que ya son once los distritos que han adherido”, y ratificó el “compromiso de trabajar de forma conjunta con el Gobierno nacional en lo que respecta a la lucha contra la impunidad”, contexto en el que explicó que “el programa interviene en casos de abusos de poder, violencia institucional, causas armadas y los familiares de víctimas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y económica que por sus propios medios no pueden acceder a un asesoramiento profesional”.

Sostuvo el funcionario nacional que “es un derecho constitucional el acceso a la justicia, al debido proceso penal, comprobar la realidad material del delito y encontrar a los culpables para que tengan una justa condena”, subrayó.

Por su parte, el ministro La Villa expresó que “la decisión del Gobierno de la Provincia fue avanzar en todo lo que sea materia de derechos humanos, tomarla como una política de Estado” y como ejemplo de esto recordó que “el año pasado hubo una instrucción para que los agentes y oficiales que egresen del Instituto de Seguridad Pública reciban mejor y mayor capacitación en derechos humanos”.

También habló el secretario de Derechos Humanos, Pablo Lozano, quien puntualizó que el convenio rubricado “es de asistencia, ayuda y colaboración a los familiares de víctimas de la impunidad” y tras asegurar que “fue recibido con gran satisfacción, era una cuestión que nos hacía falta”, hizo notar que con el dictado de este acuerdo “queda en claro el acompañamiento a las políticas públicas del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación;la voluntad de acompañar los familiares de víctimas de los delitos, reconociendo la labor realizada por éstos que hace tiempo pedían su inclusión del programa a nivel local”.

ALCANCES DEL ACUERDO

El acuerdo suscripto ayer en la Casa de Gobierno tiene por objeto entablar una acción coordinada que permita el intercambio, promoción, la difusión y consolidación de actividades conjuntas tendientes al desarrollo de políticas públicas en el área de protección de derechos de las personas que han padecido la comisión de algún tipo de delito y acciones concretas para erradicar situaciones reimpunidad fáctica o jurisdiccional.

A los efectivos de programar y ejecutar las actividades que deriven de la aplicación del presente convenio las partes acordaron la creación de una unidad de Coordinación del Programa, que tendrá asiento en la Secretaría de Derechos Humanos ubicado sobreHipólito Yrigoyen 636.

A los efectos de promover y fomentar la participación ciudadana en la ejecución de políticas públicas relacionados con la problemática en tratamiento y adecuar la necesaria labor de supervisar las actividades que se llevarán a cabo, se le dará relevancia y un marco de protagonismo fáctico y activo a familiares de Víctimas de delitos contra la vida o integridad de las personas.

Del mismo modo, se intentará trabajar mancomunadamentecon referentes de ONG’s vinculadas con la problemática. El propósito es atender, orientar y derivar adecuadamente los reclamos de justicia de la sociedad, generados en virtud de situaciones de impunidad y encausar los efectos que la vulneración de los derechos fundamentales haya generado, se informó.