Apenas conocida la convocatoria, a mediados de la semana pasada, trascendió que Cristina Fernández abriría el juego a los gobernadores para analizar nuevos principios de distribución de recursos coparticipables, especie que con el correr de los días fue desestimada desde ámbitos gubernamentales, nacionales y locales. La información instalada hoy, consigna que la Presidenta seguirá manteniendo a los mandatarios a distancia del tema coparticipación (puesto que el Partido Justicialista avanza en la elaboración de un proyecto en tal sentido), pero mostrará una actitud permeable a las urgencias financieras que experimentan las jurisdicciones provinciales.

La movida kirchnerista guarda íntima relación con la necesidad de solidificar sus fuerzas en todo ámbito político, especialmente en el Congreso, ante la arremetida de la oposición y también de algunos propios dispuestos a replantear el drenaje de recursos nacionales hacia las provincias. De hecho, la reunión que Cristina prevé para hoy será de características similares a la celebrada días atrás con sus legisladores nacionales. Como sea que resulte la puja por los recursos, logren o no su objetivo central, la avanzada opositora encabezada por Gerardo Morales ya está generando una mejor expectativa para las ahogadas finanzas provinciales.

Mientras legisladores redoblan esfuerzos para evidenciar y argumentar lo oportuno que sería establecer un marco de reparto sustentado en principios estrictamente federalistas (algunos comprometidos con sus provincias y otros empeñados en solo acentuar el debilitamiento de algunos flancos políticos del kirchnerismo), la mayoría de los gobernadores toman distancia de la posibilidad de echar mano al impuesto al cheque, pero simultáneamente no dejan de hacer votos para encausar, de una vez por todas, la discusión por una ley de coparticipación federal actualizada.

Barrionuevo ya dio muestras de su postura, al expresar (en oportunidad de realizarse una conferencia de prensa en la sede del PJ) que los recursos que le tocaría a Jujuy a partir de una eventual modificación del impuesto al cheque no alcanzarían ni para pagar la oferta salarial cursada a los gremios docentes. Más que práctica la explicación del Gobernador.

Eduardo Fellner por su parte (otra opinión de peso) recurrió a un argumento distinto, advirtiendo que el cambio que algunos sectores políticos pregonan propiciaría que la mayor parte de los fondos se destine a los distritos con más altos índices de coparticipación como son Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, lo que representaría un agravamiento del cuadro de las provincias de escasos recursos. A todas luces la profundización de históricas asimetrías. Palabras más, palabras menos y las interpretaciones cambiantes según la óptica con que se mire el tema, la realidad es una sola: El marco normativo que regula las finanzas provinciales revela que a Jujuy, que se encuentra dentro del Programa de Asistencia Financiera, no beneficiaría el pretendido reparto del impuesto al cheque, por lo menos en términos coyunturales. Es necesario considerar que la coparticipación del impuesto al cheque, si bien puede mejorar la situación fiscal de todas las jurisdicciones, no corrige, sino que por el contrario, profundiza las inequidades del sistema de distribución secundaria, ya que las que más se benefician son las grandes provincias mencionadas en líneas superiores, que además son precisamente las que impidieron la modificación del Régimen de Coparticipación que impulsó el Gobierno de la Nación en 2006, que pretendía beneficiar con grandes obras de infraestructura al NOA y NEA.

Queda claro entonces que solamente cumpliendo el mandato constitucional de reformar la actual Ley de Coparticipación se podría alcanzar el objetivo de mejorar la equidad del Sistema Fiscal Federal. Todo lo demás, comienza y termina en el campo de las especulaciones y conveniencias políticas.

UNA DE CAL Y

UNA DE ARENA

El daño está hecho. Es una sentencia sin cuestionamientos o que muy pocos se atreverán a apelar. Cuatro semanas de inactividad en los establecimientos educativos públicos representa un irreversible perjuicio a niños y jóvenes jujeños, en definitiva una bofetada al futuro de la provincia.

El Congreso de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), con buen tino, decidió abrir un paréntesis en la lucha salarial y aceptar la propuesta del gobierno que, logró pergeñar una salida que no hipoteca el destino de las finanzas públicas. Una buena, por fin, para el nivel inicial y primario.

La cara de la otra moneda es el resultado del encarnizado debate nocturno de la Asamblea del Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems), que echó por tierra toda esperanza de solución que había nacido a primera hora del sábado con los maestros.

El gobierno hizo el esfuerzo y perfiló una alternativa para considerar. Los cuestionamientos de los que pueda ser objeto el cronograma de incorporación de adicionales al básico, bien pueden ser refutados con la simple exposición de cifras y proyecciones que realmente llaman la atención por lo abultada: La oferta, aceptada por Adep y rechazada por Cedems, implica la incorporación de 250 pesos al básico, según el siguiente cronograma: 100 pesos en marzo, 50 pesos en julio, 50 pesos en octubre y 50 pesos en diciembre. La aplicación de este esquema representa para el Estado provincial una inversión extraordinaria mayor a 163 millones de pesos, solo para los agentes de Educación, una partida dineraria significativa que no resultó suficiente para conformar las exigencias de los profesores. Cabe consignar, que en el eventual caso de que en esta misma propuesta sean incorporadas las restantes organizaciones nucleadas en el Frente de Gremios Estatales, se estaría hablando de una inversión cercana a los 400 millones de pesos. Queda claro entonces que el esfuerzo, por un lado, se está haciendo. En este marco, Adep dio la muestra de compromiso con la educación que Jujuy reclama, aceptando, aún bajo protesto, el cronograma de incorporación de "blanqueo". Habrá que seguir esperando la decisión de la otra pata para poner de pie este trípode.

¿Hasta dónde llegará esta confrontación? ¿Cuál será el resultado del choque frontal entre la legitimidad del reclamo y el derecho que asiste a niños y jóvenes a educarse? La conciencia de cada uno de los involucrados en este conflicto atesora las respuestas.