El proyecto, impulsado por un sindicato sin representatividad, dejará fuera de la pauta salarial del Estado provincial a los medios de prensa que tuvieren trabajadores en negro y les impone inspecciones mensuales de la Dirección de Trabajo. La Cámara, asimismo, pasó a la Comisión de Asuntos Institucionales una cuestión de privilegio planteada por Carolina Moisés (Frente Primero Jujuy) contra concejales de La Quiaca que la declararon persona no grata. Demostrando lo cierto de aquello que los hombres son esclavos de sus palabras, discursos altisonantes sobre el Día de la Madre y de la Lealtad Peronista terminaron en un debate que embretó nuevamente al oficialismo respecto de la Ley de Cupo, que ahora deberá tener tratamiento en la primera semana de noviembre.

Con el voto de todos los bloques legislativos, la Legislatura sancionó ayer la Ley 5660 de adhesión al artículo 64 de la Ley nacional 12908 (Estatuto del Periodista Profesional), que prohíbe la distribución de pauta publicitaria oficial en diarios, revistas, periódicos, radios y demás medios de difusión cuando no hayan cumplido previamente las disposiciones de la Ley 12908, la de jubilaciones y pensiones de periodistas y toda legislación social que ampara los derechos de los periodista profesional. Al mismo tiempo, la norma aprobada por los diputados jujeños estipula que la Dirección provincial de Trabajo deberá informar a los organismos encargados de la contratación de publicidad oficial, en un plazo no mayor de quince días de aprobada la ley y posteriormente una vez al mes, sobre los incumplimientos de la legislación laboral o de la seguridad social que se constaten en los medios de comunicación ya sea por tareas de inspección, denuncia de particulares o presentaciones de los sindicatos de la actividad.

A pesar de sus implicancias para la labor de la prensa, el proyecto salió casi sin objeciones y con el apoyo de todos los bloques. Sólo el radical Pablo Baca advirtió que al establecer que la Dirección de Trabajo realice informes mensuales sobre las empresas periodísticas se crea una relación de desigualdad respecto de las demás empleadoras y proveedoras del Estado que no están obligadas a cumplir con ese requisito. Además sostuvo que la medida podría ser tomada como una forma de control sobre órganos que tienen la responsabilidad de ejercer la libertad de expresión. Hugo Insausti (PJ) respondió que la ley no genera discriminación puesto que “no todos las empleadoras de Jujuy contratan con el Estado y no todos los empleados llevan una tarea regulada en el Estatuto del Periodista”. Sin respaldo, Baca retiró la moción que había planteado para morigerar el artículo sobre los informes mensuales.

El autor del proyecto, el jenefista Manuel Soler (PJ), afirmó que la iniciativa se sancionó a pedido del Sindicato de Prensa de Jujuy, y dijo desconocer, ante una consulta de El Libertario, que esa organización carece de personería gremial y casi no tiene afiliados en la actualidad. Soler negó que el espíritu del proyecto sea favorecer a los medios grandes, que gracias a importantes pautas publicitarias del Estado, tienen con qué cubrir el costo de la seguridad social de sus empleados.

La ley se aprobó sin haber mediado consulta con el Poder Ejecutivo, por lo que podría ser vetada, explicó una fuente legislativa.