El estallido de la Revolución de Mayo en 1810, despertó en los jujeños la esperanza de sacudir el yugo de Salta, con la que crecía el encono por la distribución de los impuestos que se recaudaban aquí, se mandaban allá y no volvían para atender las necesidades de la población, especialmente el sostenimiento de los fuertes que frenaban las incursiones de indígenas chaqueños.

Además, las autoridades salteñas trababan el desarrollo de la actividad ganadera de Jujuy, para evitar la competencia con sus productores, y lo mismo ocurría con el tabaco.

La separación de Salta se le encomendó al canónigo Juan Ignacio de Gorriti, primer diputado jujeño al gobierno revolucionario, en 1811, pero el reclamo, como otros, durmió en los cajones.

Durante la era de Martín Miguel de Güemes, la situación alcanzó una gran tensión al punto que en 1815 el Cabildo de Jujuy se negó a reconocer al salteño como gobernador porque no se le había dado participación en la elección. Finalmente, Güemes impondría su despótica autoridad sobre Jujuy, pero los afanes autonomistas no se extinguieron. Así, en las deliberaciones del Congreso de Tucumán de 1816, el diputado por Jujuy, Teodoro Sánchez de Bustamante, volvía sobre la cuestión de la autonomía jujeña, reclamando la igualdad de derechos y la libertad de cada uno de los pueblos de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Habría que esperar hasta el año 1834 para alcanzar la ansiada autonomía. La Confederación Argentina se desangraba en la guerra civil entre unitarios y federales y Jujuy aprovechó la debilidad de gobernador de Salta, Pablo Latorre, y sus conflictos con otros caudillos, para declararse independiente de Salta, en una solemne asamblea realizada el 18 de noviembre de 1834.

El Cabildo de Jujuy designó al ex militar realista José María Fascio como gobernador provisorio y le encomendó marchar a Salta con un ejército para doblegar cualquier resistencia a la determinación tomada.

La campaña contó con la ayuda del ambicioso mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz, lo que dio lugar luego a terribles acusaciones del partido federal contra los jujeños, como la que aseguraba que la separación de Salta obedecía al plan de anexarse a Bolivia.

Mientras tanto y apurada por los hechos, la Legislatura de Salta reconoció la autonomía, aunque supeditándola a la decisión de un congreso nacional, que en esos momentos de secesión no existía ni nadie sabía si iba a existir. De todos modos, la treta no sirvió para evitar la invasión de los jujeños.

En Castañares, se encontraron las fuerzas; medio centenar de soldados salteños quedaron en el campo; Latorre fue herido y cayó prisionero. Entregado por Fascio a sus enemigos de Salta, el gobernador fue asesinado en oscuras circunstancias.

La autonomía, finalmente, fue reconocida por la primera autoridad política de la época, Juan Manuel de Rosas, en 1836 y el expediente quedó cerrado.

Llamativamente, la autonomía que tanto le costó a Jujuy conseguir, es un hecho que las generaciones actuales miran con cierta indiferencia y hay quienes afirman que a los jujeños les iría mejor si no se hubieran separado de Salta.

Lo cierto es que la dependencia económica con los gobiernos centrales, la prevalencia de los intereses de facciones y la falta de un proyecto de provincia, consolidaron formas de renunciamiento a la autodeterminación, que es madre de muchos de nuestros fracasos.