Juicios por la represión en La Pampa

Juicios por la represión en La Pampa
“Son el principio de un largo y azaroso camino que nos llevará al fin de la impunidad”

Agencia Santa Rosa – La Comisión de Labor Parlamentaria de la Cámara de Diputados consensuó un documento que lleva el título “24 de Marzo, Día de la Memoria, por la verdad y la justicia” y que está firmado por los presidentes de todos los bloques políticos, donde se remarca que el golpe de Estado de 1976 fue el inicio de una de las mayores tragedias de nuestra historia, con “la imposición de una dictadura que no reconocería antecedentes por su crueldad, la ejecución de un terrorismo de Estado que dejaría treinta mil muertos y desaparecidos, y la incalificable apropiación de niños nacidos en cautiverio”.

El documento indica que “el imperio de la denominada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, con su secuela de detenciones arbitrarias, con persecuciones a miembros de la cultura y las artes, a militantes de organizaciones sindicales y solidarias, con la marcha al exilio de infinidad de argentinas y argentinos; todo ello estrujó el alma y lastimó el cuerpo de nuestra sociedad, que hace 37 años viene reponiéndose, al paso del tiempo y va lentamente restañando heridas, y cauterizando dolores”.

Agrega que “producir un cambio sustancial y definitivo en el objetivo de superar el trauma del golpe del 76, ha sido posible a partir de claras y firmes decisiones”, y remarca en ese sentido el juicio a las juntas militares en 1985 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que representó “una decisión política que consiguió poner en evidencia las graves y masivas violaciones de derechos humanos cometidas en ese período”; y luego la decisiones adoptadas por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández que bajo la consigna “memoria, verdad y justicia” permitieron los juicios en todo el país contra los represores “responsables de las aberraciones y delitos cometidos en el tiempo del horror y el espanto”.

“Fue y es la Justicia quien pudo, con sus fallos, ir cerrando este capítulo de nuestra historia. El juicio realizado en nuestra provincia a los represores pampeanos, que se encuentran cumpliendo sus sentencias, se inscribe en ese contexto”, se expresó desde la Legislatura.

Investigación en La Pampa

Los bloques parlamentarios destacaron que “adquiere verdadera dimensión, a la luz de los tiempos transcurridos, la iniciativa adoptada por el gobierno de La Pampa el 15 de diciembre de 1983, apenas cinco días después del nacimiento de la Conadep, instituida por el presidente Raúl Alfonsín, cuando por decreto del gobernador Marín, se ordenó la investigación de la violación a los derechos humanos cometidos en nuestro territorio durante la dictadura”.

Aquella investigación, agregaron, “fue el inicio de la causa que tramitó el juez Rafecas y que finalmente instruyó el Tribunal Oral Federal de La Pampa, culminando en 2010 con la primera parte del juicio, y que continúa tramitándose en la actualidad”.

“Estos juicios, en nuestra provincia, constituyen el principio de un largo y azaroso camino que nos llevará inexorablemente al fin de la impunidad. Con ello habremos conseguido alcanzar un objetivo deseado fervientemente por la sociedad”.

En otro párrafo, indicaron los legisladores que “aún persiste la inquietud, planteada por algunos querellantes en la segunda parte del proceso judicial en marcha, que la Justicia debe abordar el delito de rebelión, contemplado en la Constitución Nacional, que cometieron en el país, y en La Pampa, quienes destituyeron por la fuerza a las autoridades democráticas”.

“En esta tarea de reconstrucción de la democracia y la convivencia pacífica en la que estamos empeñados, sería muy útil la definitiva declaración de condena a quienes se atrevieron a interrumpir los mandatos populares, alzándose contra la propia Constitución”.

Además de repudiar las últimas declaraciones del genocida Jorge Rafael Videla, se apuntó que “nuestra Nación adoptó un gobierno Representativo Republicano Federal, en el cual, por importantes que pudieran ser o sentirse sectores, grupos o corporaciones, nada convalida socavar la autoridad elegida por el pueblo, no ya, seguramente, por la fuerza militar, como tampoco por medio de otros y sutiles mecanismos de presión”.

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