Este año será clave en el juzgamiento de represores y colaboradores civiles que participaron de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en el Chaco. Entre los acusados hay casi una docena de expolicías y ex militares que ya fueron juzgados en la causa Caballero I. Además, sentarán por primera vez en el baquillo a dos integrantes de la Justicia Federal de Resistencia.

Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, en primer lugar se debería llevar adelante un juzgamiento contra los represores Albino Borda, Enzo Breard, Humberto Lucio Caballero, Ángel Jorge Ibarra,Gabino Manader, José Marín (alias Cabo Sotelo), Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta, Miguel Pelozo y José Francisco Rodríguez Valiente por los delitos de Privación Ilegitima de la Libertad y Tormentos contra militantes políticos universitarios y barriales del Peronismo detenidos en la tristemente célebre Brigada de Investigaciones durante el año 1976. Salvo Pelozo, Ibarra y Borda, todos ya fueron condenados en la causa Caballero I, que culminó en diciembre de 2010.

Por otro lado también se llevaría a cabo el juicio por la desaparición del matrimonio Sara Fulvia Ayala y Pedro Morel, oriundos de la provincia de Formosa, militantes de las Ligas Agrarias vinculadas al PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) en la localidad correntina de Goya y vistos con vida por ultima vez en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, en 1977. En este caso están imputados por el delito de Privación Ilegitima de la Libertad (Desaparición Forzada de Personas ) Tadeo Betolli, Borda, Breard, Caballero, Manader, Marín, Meza, Patteta y Rodríguez Valiente.

La pata judicial

También se debería concretar el debate oral que tendrá en el banquillo de los acusados al ex juez Federal, Luis Ángel Córdoba y al exsecretario del Juzgado Federal y luego Fiscal Federal, Roberto Mazzoni. Ambos están procesados por los delitos de tormentos y privación ilegal de la libertad contra una decena de exdetenidos políticos que se encontraban a disposición del Juzgado Federal todo en concurso real con el delito de asociación ilícita.

Este juicio tiene como base los diversos testimonios de las victimas prestados en distintas instancias como lo fueron las investigaciones que se realizaron en 1985 en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco (que culminó con la publicación del Informe Final, el Nunca Más chaqueño).

A esto se le suman los Juicio por la Verdad, realizados cuando aún los genocidas tenían el paraguas de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los Juicios de Instrucción Militar que se realizaron en su momento, la etapa de instrucción judicial propiamente dicha y los expedientes de la época según la Ley 20.840 (la denominada Ley Antisubversiva).

También deberá juzgarse la complicidad del Servicio Penitenciario Federal en cabeza de Pablo Cesar Casco, Jefe de Guardia del Servicio Penitenciario Federal en su actuación en la cárcel U-7, de Resistencia, durante los años '76 y '77, por la comisión de los delito de asociación ilícita y de Tormentos.

Del mismo modo, durante 2014 deberán juzgarse casos de violencia sexual en el carácter de crimen de Lesa Humanidad, con la consideración de que se trata como delito especifico considerándolo como parte de la sistemática del Terrorismo de Estado en el chaco.

Según pudo saber este portal, la Fiscalía Federal de Resistencia planteó en sucesivas presentaciones la celeridad y la unificación de todos estos casos con el argumento de la economía procesal. En este sentido, propusieron agrupar los hechos en un solo mega juicio, teniendo en consideración fundamentalmente las edades avanzadas de los imputados (tienen entre 60 y 70 años), los familiares y las victimas.