La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzará este lunes su alegato final en el juicio oral y público para pedir su absolución en el caso Vialidad y la propia expresidenta participará de la exposición ante los jueces, confirmó una fuente de su entorno a elDiarioAR. 

Los abogados de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy,  se dirigirán al Tribunal Oral Federal número 2 este lunes, martes y viernes mientras que la funcionaria expondrá ante los jueces durante un tramo de la audiencia del viernes, ya que al ser abogado puede alegar en su propia defensa. “Mañana, a partir de las 8 horas, el Dr. (Carlos) Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como 'Vialidad'. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?”, publicó la funcionaria este domingo en su cuenta de Twitter.

Las tres audiencias serán virtuales y Beraldi liderará la exposición de la defensa técnica, como ya adelantó en una de las últimas audiencias de agosto al tribunal. La vicepresidenta enfrenta un pedido de condena a doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Está acusada de haber sido la supuesta jefa de una asociación ilícita organizada para defraudar a la Administración pública con la adjudicación irregular de 51 obras viales al empresario y socio de su familia Lázaro Báez.

En agosto, la expresidenta había solicitado a través de sus abogados ampliar su declaración indagatoria en agosto, luego del pedido de penas de la fiscalía y para ejercer su derecho a defensa por acusaciones que no habían sido incluidas en el requerimiento de elevación a juicio del caso.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu rechazaron el planteo por considerar que en la etapa actual del juicio -los alegatos de las partes- los acusados sólo pueden defenderse a través de sus defensores y cuentan con la siguiente etapa del proceso para dirigirse ante el tribunal antes del veredicto, conocida como “últimas palabras”.

Fernández de Kirchner hablará a los jueces a tres semanas de que Fernando Sabag Montiel intentara asesinarla apuntando y gatillando un arma a centímetros de su cara.

La vicepresidenta salvó su vida porque el proyectil no salió. Las causas de este desenlace fortuito aún no se esclarecieron pero el atacante y al menos tres supuestos cómplices están detenidos. Sabag Montiel y su novia, Brenda Uliarte, están procesados con prisión preventiva como coautores de homicidio calificado en tentativa.

López, Báez y Carlos Kirchner, son tres de los imputados conectados en las audiencias de alegatos. Fernández de Kirchner solicitó autorización al tribunal para ausentarse durante ocho de las nueve audiencias de laegato de la fiscalía. Captura de YouTube.Alegatos

A lo largo de nueve audiencias, los fiscales Luciani y Mola acusaron a Fernández de Kirchner y otros doce acusados de haber participado de “la maniobra más grande de corrupción en la historia del país”.

La fiscalía también solicitó al tribunal que condene al empresario Lázaro Báez a doce años de prisión; al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, a diez años; al ex secretario de Obras Públicas, José López, a una pena de diez años; y al ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, a diez años de prisión como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.

Pidió, además, que se le decomisen bienes y que se los habilite de manera perpetua para ejercer cargos públicos, y penas de entre dos y seis años para el resto de los imputados, que ocupaban cargos de menor responsabilidad política.

Los alegatos de las defensas comenzaron el 5 de septiembre y hasta ahora expusieron los abogados de cinco de los trece acusados, quienes reclamaron absoluciones y cuestionaron las acusaciones de la fiscalía.

Esta semana, las defensas del ex ministro De Vido y del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala reclamaron absoluciones por inexistencia de delito.

Los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF N2), Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu. Centro de Información Judicial (CIJ).

La defensa de De Vido argumentó que un gobierno elegido por el voto popular no puede ser considerado una “asociación ilícita” y recusó a uno de los jueces del tribunal, Giménez Uriburu, por temor de parcialidad, luego que el magistrado usó el reinicio de la audiencia dedicada al alegato tras un breve cuarto intermedio para dar una explicación vinculada a las razones por las que en una de las jornadas de juicio exhibió un mate con el logo del equipo de fútbol amateur “Liverpool”, explicó la agencia Télam.

Este equipo que integraba el juez junto al fiscal Luciani disputó partidos en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri.

La defensa de Fernández de Kirchner y otros abogados de acusados ya habían recusado a Giménez Uriburu y a Luciani cuando se supo de esta circunstancia pero el planteo fue rechazado y ahora está pendiente de resolución un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación.

El fiscal Diego Luciani solicitó doce años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta, además de decomisos millonarios. Captura de YouTube.Acusación

La maniobra investigada en la causa, según los fiscales, implicó sobreprecios: la cartelización permitió que el Estado debiera pagar a Báez montos muy por encima de los presupuestos oficiales de las obras, ya que “no existía competencia real” entre las constructoras. 

Sólo por este último punto, el perjuicio fue calculado en más de US$539 millones, unos $3.571.577.180,69 “y nos quedamo cortos, señores jueces”, dijo Mola, debido a que la fiscalía considera que es un cálculo acotado, sólo en base a 17 expedientes de las 51 obras investigadas en los que detectaron que las constructoras del empresarios sólo ejecutaron parte del contrato (entre 24% y 78%). 

“Báez prestó sus empresas para que la maniobra sea realizada”, “manejaba sus propios expedientes”, “para Báez se dictaron las resoluciones para disminuir los controles” y que se le permitiera incumplir los plazos y pautas del contrato y de las normas de licitación pública.

“Todas las licitaciones fueron una ficción, fueron un montaje que aparentaban una legalidad”, había asegurado el fiscal Luciani en una de las primeras audiencias del alegato. “Se organizó una estructura de funcionarios que fueron funcionales al direccionamiento hacia Báez”, agregó entonces Luciani, y se celebraron convenios entre la Dirección Nacional de Vialidad y la agencia provincial de Vialidad en Santa Cruz para diluir la responsabilidad de los funcionarios nacionales, incluidos “los jefes de Estado”, en referencia a Néstor y Cristina Kirchner.