Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal ayer en la tercera audiencia del juicio por las acciones de un grupo organizado que actuó aplicando el terrorismo de estado y que tiene a cinco detenidos sentados frente a los jueces y a siete prófugos declarados en rebeldía y a quienes podrían suspenderles el pago de sus pensiones, tal como ya lo hizo el estado en el caso del juez Otilio Romano exiliado en Chile.

La medida es similar a la adoptada en Tucumán, donde el juicio que debería empezar hoy, se postergó por las mismas razones.

Ayer en la sala de audiencias del ex BANADE, el Tribunal Oral Federal de San Juan dispuso “su apartamiento y la suspensión respecto de esta causa y por los hechos que aquí le han sido atribuidos”, por lo que quedó liberado de los cargos, salvo que los casos ventilados sean declarados como “delitos de Lesa Humanidad”, en cuyo caso se transformarán en imprescriptibles.

Los jueces Héctor Cortés, Luis Fourcade y Alejandro Piña, dispusieron la separación del general Menéndez del juicio “en virtud de lo normado por los artículos 365 inciso quinto y 360, ambos del Código Procesal de la Nación, y “atento a lo dispuesto por el perito doctor Cristian Rando en el dictamen del 7 de noviembre, de cuya conclusión se extrae que (Menéndez) no se encuentra en condiciones físicas y apropiadas para confrontar las instancias de un proceso judicial en ninguna de sus modalidades presencial o teleconferencia”.

Sigue el proceso

Por eso el juicio de San Juan seguirá contra los imputados teniente Jorge Antonio Olivera, los suboficiales Osvaldo Benito Martel, Daniel Gómez, Alejandro Víctor Lazo y quien era jefe de la Policía Federal, Horacio Julio Nieto, que son quienes están presentes en el proceso, aunque el juicio debería volver a realizarse si es que en el futuro se logre recapturar al teniente Carlos Malatto exiliado en Italia y a los oficiales y suboficiales Eduardo Vic, Jorge Paez, Eduardo Cardozo, José Del Torchio y Gustavo De Marchi, así como al ex jefe de la Policía de San Juan, Juan Carlos Coronel, que fueron declarados en rebeldía por el Tribunal en la segunda jornada realizada el martes.

También, ayer la Fiscalía pidió que se oficie al Ministerio de Defensa que suspenda el pago de las pensiones a los prófugos, tal como se dispuso con el juez Otilio Romano y con el objetivo de que no sea el estado quien financie su estado de prófugos.

Causa Camus

En la jornada de ayer, el secretario Doffo siguió leyendo los requerimientos fiscales de la doctora Cecilia Kelly, que abarcaron las conocidas como “Causa Camus” y “Causa Carbajal”.

En el primero de los casos, la fiscal pidió procesar a los detenidos por “tormentos agravados, agresiones agravadas y asociación ilícita a Luciano Menendez, Jorge Olivera, Eduardo Vic, Osvaldo Martel y Alejandro Lazo.

La “Causa Camus” se refiere a las torturas recibidas por la actual jueza penal Margarita Camus, que sufrió golpes de puño, patadas en los riñones que le provocaron enfermedades posteriores y picana en los genitales y los pezones.

En el mismo expediente también están las torturas que sufrieron Eloy Rodolfo Camus, María Julia Gabriela Camus, Hilda Díaz, Alicia Romero de Cano, Raúl Cano, Elida Páez, Luis, Carlos, Juan Manuel y Jorge Biltes y Jorge Moroy que estuvo en La Marquesita.

Causa Carbajal

En la “Causa Carbajal”, la fiscal relata la forma en que el secretario del Partido Comunista de San Juan, Angel José Alberto Carbajal (PC), murió durante una sesión de torturas en el Penal de Chimbas en la noche del 18 de agosto de 1977.

El dirigente político había sido visto en reiteradas oportunidades por el resto de los detenidos en ese momento cuando lo llevaban y lo traían de las sesiones de tortura e interrogatorio y lo notaban cada vez más quebrado en su salud.

Su propia esposa, Zulma Carmona, también presa, vio como aquella noche lo llevaron al lugar conocido como “La Escuelita” o “La Biblioteca”, escaleras arriba de la cocina del Penal de Chimbas, pero que no lo trajeron de vuelta, sino que en la madrugada, lo cargaron ya muerto y dijeron que se había suicidado en su celda.

En esa causa están los casos de Carmona, como también los de sus compañeros de ideología Roberto Montero, Ana María García, Slvia Marina Pont, Miguel Angel Neira, Mario Lingua, Víctor Carbajal, Enrique Sarasúa, Rogelio Roldán, Américo Olivarez, Lea Paparelli y Silvia Hepelman.

En este caso, la fiscal considera que Menéndez, Olivera y Martel, están incursos en los delitos de tormentos a perseguidos políticos, tormento seguido de muerte a Carbajal. Violación de domicilio y asociación ilícita agravada.

Sobrenombres

Del relato de los hechos surgió que al dúo integrado por los tenientes Jorge Olivera y Carlos Malatto se lo llamaba “el capitán Malavera”, y que a Olivera, quien era del área de Inteligencia del Ejército, se lo conocía como “el ángel rubio de San Juan”, en relación a la fama del tristemente célebre capitán de fragata Alfredo Astiz, a quien también le decían “el ángel de la muerte”.