Desde las 9 de la mañana, el defensor y el fiscal dan sus argumentos. El exfuncionario intentó hasta último momento, incluso con la llegada de la primera audiencia, evitar que el Poder Judicial lo siente en el banquillo de los acusados. Podría recibir hasta dos años de prisión.
Perés y Rivero están imputados del delito de violación de los deberes de funcionario público en dos oportunidades, debido a que ambos no controlaron “deliberadamente” -según dijo la jueza Florencia Maza cuando los procesó a mediados de 2010- dos cuentas corrientes del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda por donde varios funcionarios, entre ellos el exvicepresidente ejecutivo Hugo Nelson Agüero y el exgerente general Luis Edgardo Araniz, desviaron 960.456,21 pesos-dólares entre 1999 y 2003.
También se los acusa de haber firmado la resolución 3/99, “contraria” a la Constitución provincial, que descargaba la responsabilidad del control en
el cuerpo de relatores del TdC. El delito que se les imputa tiene penas de hasta dos años de prisión.
Perés tiene la defensa oficial de Pablo De Biasi y Rivero de los abogados Pablo Langlois y Carlos María Chapalcaz. El fiscal es Fernando Rivarola, quien en las audiencias previas realizó preguntas que no confrontaron con la estrategia defensiva y en los pasillos tribunalicios se especula con que podría no hacer acusación sobre los imputados.
Perés fue presidente del TdC hasta el 1 de marzo de 2009 cuando fue destituido del cargo por un jurado de enjuiciamiento que, por unanimidad, lo encontró culpable de “mal desempeño de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, e incompetencia o negligencia reiterada demostrada en el ejercicio del cargo”.
Después de ser eyectado del cargo, Perés siguió trabajando para el Estado: pasó a desempeñarse en la Subsecretaría de Trabajo.
A fines del año pasado, pidió dejar la administración pública a través del retiro anticipado.
Ya declararon los siguientes testigos: el exministro de Hacienda, Ernesto Franco; el actual vocal del TdC, Francisco García; los empleados del TdC, Daniel Omar Beninato, Marta Esther Blanco, María Andrea Plaza y Marcela Bidé; el jefe del Departamento de Auditoría de Contaduría General de la Provincia, Hugo Bocchio, y Fidel Nicoletti, Osvaldo Maldonado y Carlos Raúl González.
Disparate
Durante su declaración en el juicio, donde lució nervioso y exaltado, Perés buscó descargar responsabilidades por la falta de control en el desfalco del IPAV sobre sus relatores y Contaduría de la Provincia. El exvocal Rivero prefirió no declarar.
“Estoy yendo a juicio por un invento”, dijo Perés en tono vehemente. Y agregó: “¿cómo voy a permitir que una cuenta no se rinda? Es un disparate”. Perés también alegó que el control de las cuentas recaudadoras del IPAV correspondía, en realidad, a la Contaduría General, que en aquellos años estaba a cargo de María Teresa Tulio.
Precisamente, esta funcionaria es la que realizó la auditoría que detectó las irregularidades en el IPAV y dio pie, en el año 2003, a uno de los casos más emblemáticos de corrupción durante las gestiones del exgobernador Rubén Marín.
“El Tribunal de Cuentas no controla cuentas recaudadoras, controla gastos. El control de la contabilidad provincial lo hace exclusivamente Contaduría”, sostuvo Perés.
“Decir que delegábamos el control en los agentes de menos categoría es desconocer. Hay una ignorancia supina de lo que es la legislación”, aseveró, desafiante.
Un guiño
La declaración testimonial del exministro Ernesto Franco benefició la estrategia defensiva del acusado expresidente del TdC, Natalio Perés. El exministro y actual asesor del senador Carlos Verna dijo además que la excontadora general, María Teresa Tullio, le informó verbalmente de irregularidades en el IPAV en una auditoría de 1999, pero que ella no hizo una presentación formal y no dio aviso al Tribunal de Cuentas para que intervenga en el caso.
Aseguró que la nota de Tullio notificándole los resultados de esa auditoría fue fraguada. Y que él recién se enteró del desfalco en 2004, cuando se realizó una segunda auditoría y el escándalo terminó en una causa judicial.
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