Este lunes se reanuda el juicio a Gabriel Rolando Payela y se conocerá si el joven al que baleó en la cabeza, Cristhian Ezequiel Saucedo, finalmente declara o los jueces lo eximen de hacerlo. Payela está acusado de intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El jueves pasado, “Chanchi” Saucedo, presentó un certificado médico, firmado por una psicóloga del Centro de Salud, que aconseja no exponerlo a una declaración en el juicio para no alterar su “equilibrio emocional”. Los jueces dispusieron que lo examine un forense y este lunes determinarán si, finalmente, declara.

En el verano de 2011, Payela le pegó un balazo en la cabeza al chico, cuando este tenía catorce años, después de correrlo y tomarlo de la mochila porque supuestamente le había robado un tacómetro de un auto que estaba estacionado frente a su taller mecánico.

El fiscal Amado fue quién solicitó que un médico forense revise ahora a la víctima para comprobar si es cierto que no está en condiciones de afrontar un testimonio judicial. Estimó que es “fundamental” la declaración de la víctima.

El hecho, un típico caso de “justicia” por mano propia, ocurrió frente a la casa donde vivía Payela, en el barrio Zona Oeste Quintas de Santa Rosa, el 17 de enero de 2011. El acusado llegó al juicio en libertad, solo estuvo un mes detenido. En la primera jornada, la semana pasada, Payela declaró que se le disparó el revolver en el forcejeo: “No quise disparar el arma”.

Saucedo tenía catorce años cuando Payela le disparó frente a su casa de Posta de Yatasto y Tartaglia, en el barrio Zona Oeste Quintas. Salvó su vida de milagro: permaneció varios días en estado crítico, con la bala alojada en su cabeza, cerca del ojo izquierdo, aunque finalmente pudo recuperarse. De todos modos, aún hoy sufre las secuelas del disparo.

Payela, de 39 años, es empleado municipal en Santa Rosa desde hace 25 años, actualmente vive en Uriburu y está adscripto como cadete en la Legislatura provincial. Tiene una mujer y tres hijas, de siete, nueve y dieciséis años. Lo defiende el abogado Guillermo Barreto.

Días previos al inicio del juicio, la familia de la víctima desistió de participar como querellante después de llegar a un acuerdo extrajudicial, en el plano civil, con el acusado. Esto incluye el pago de una suma mensual, unos 1.000 pesos, para que el joven realice un curso de chef durante tres años.