La semana pasada, la fiscala Cecilia Martiní dijo que está probado que el intendente cometió el delito de abuso de autoridad y pidió una condena de siete meses de pena en suspenso (es decir, de no cumplimiento efectivo) e inhabilitación de 14 meses para ocupar cargos públicos. A su vez, los defensores Armando Agüero y Gastón Gómez reclamaron la absolución.

Martiní pidió al juez que lo condene y dio por probado que el jefe comunal "ejerció un despliegue arbitrario en su función" al firmar la habilitación de un cabaret con innumerables deficiencias técnicas.

"Bravo conocía el trámite de habilitación, conocía el local que se iba a instalar y las deficiencias técnicas e igual lo habilitó", sostuvo Martiní.

Con ese accionar, "se afectó el correcto desenvolvimiento de la administración pública y se afectó la legalidad de los actos administrativos", puntualizó. También dijo que Bravo "vulneró" una Ordenanza, la n° 52/2002, y la Ley Orgánica de Municipalidades.

El delito del jefe comunal, según la acusación de Martiní, es haber habilitado irregularmente al cabaret El Rancho (donde se prostituía a mujeres). Por esta causa original fue condenado a prisión al proxeneta y tratante Javier Ulrich.

No está acusado de haber habilitado ilegalmente un prostíbulo o un local donde luego se comprobó que se ejercía la prostitución: lo acusó porque incumplió la ordenanza 052/02 del concejo deliberante ya que lo habilitó, por ejemplo, con fallas edilicias, carencia de seguros por accidente y falta de planos de agua, gas natural y cloacas.