Aunque la decisión se caía de madura, la resolución unánime de que el fiscal general piquense Carlos Salinas sea sometido a juicio representa un paso que acerca un poco de luz a una historia demasiado oscura, cuyo máximo dolor es la violación y muerte de Sofía Viale.

Durante la semana que se fue se avanzó en ese sentido y también se conoció la determinación del procurador Mario Bongianino de dar un paso al costado como acusador formal de Salinas: una postura que resulta lógica y racional, tomando en cuenta la relación entre ambos y los roles que les correspondieron no sólo durante la investigación sino en el proceso institucional posterior.

El papel de Salinas como máximo responsable de los fiscales de General Pico aparece cuestionado y bajo sospecha no sólo por el fracaso respecto de los resultados concretos, sino también por las metodologías y formas que impuso durante la pesquisa, y que por momentos incluyeron el maltrato a la familia de la víctima y cierta desidia en los modos de abordar el episodio.

De todos modos, y como advirtió el diputado radical Martín Berhongaray, la falta de unificación de los jurys de Alejandro Gilardenghi y Héctor Aberásturi con el de Salinas puede acarrear consecuencias inconvenientes que vuelvan a alejar la posibilidad de justicia.

Esa misma sensación se desprende de la rápida disposición del Poder Ejecutivo Provincial para otorgarle el retiro voluntario a otro demostrado responsable de esa investigación fallida: el exjefe de la Unidad Regional II Fabio Caimari, que pese a estar bajo sumario y a que fue un actor central del caso, accedió a ese beneficio que le permite una salida con cierto decoro aún después del papel que le cupo.

Tras la conmovedora muerte de Sofía Viale, el poder político optó por dejar pasar el tiempo, apeló a la posibilidad de que los desastres cometidos quedaran en el olvido y puso a resguardo a los funcionarios que bien ocurrido el hecho quedaron en el centro de la escena.

De última, el camino de Caimari -quizá el más comprometido porque era el policía con contacto más directo en el territorio- no difiere de las salidas que se eligieron para el jefe polical Ricardo Baudaux y el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad César Rodríguez, quienes quedaron indemnes pese a todo.

Otras cuestiones ocurridas durante la semana que se fue pusieron en el centro de la escena -para bien o para mal- al Poder Judicial.

Mientras el Colegio de Abogados de la provincia recurrió para que se considere inconstitucional la ley que reglamentó las medidas cautelares, el Tribunal de la Cámara del Crimen 1 tuvo la saludable y extraordinaria decisión de no aceptar un arreglo entre un fiscal y un abogado que aparecía teñido de inequidades: así, los dos policías y el expolicía que secuestraron a un pibe de 14 años y simularon su fusilamiento irán a un juicio oral y público que permitirá ventilar más y mejores precisiones del hecho.

No se trata de que haya una mirada vengativa o se aplique el “ojo por ojo”, sino simplemente de aproximarse a la justicia, en un caso en el que además la víctima fue un niño y los responsables integrantes de las fuerzas de seguridad.

Otro protagonista de la semana fue el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Menéndez, quien tuvo un cruce con el diputado radical Hugo Pérez a raíz de la reinstalación mediática de aquella situación que le permitió al gobernador Oscar Mario Jorge candidatearse en condiciones no regulares cuando Carlos Verna prefirió bajarse de la postulación.

El exgobernador y presidente del PJ Rubén Marín reveló que la situación se había tratado de una suerte de “negocio” entre el vernismo y el Poder Judicial y de ese modo permitió una interpretación básica: la oposición había planteado en su momento que la candidatura de Jorge no era válida porque vulneraba la ley y no atendía las exigencias más elementales para participar de los comicios.

Los dichos de Marín representan un testimonio y aportan un dato revelador, aún cuando desde la interpretación política esa lectura ya era una realidad: aunque resulta ilusorio pensar que algún fiscal motorice a partir de ese detalle una investigación formal sobre el asunto, sí es una pintura de los largos años en que el poder político y el Poder Judicial se han dado la mano aún cuando hubiera que saltear las normativas vigentes.

...y una de arena...

A contramano de los discursos bonitos que propician la diversidad y la participación ciudadana, el Concejo Deliberante de Santa Rosa dispuso esta semana -a instancias del bloque oficialista- un recorte a la posibilidad de que los vecinos participen del debate público.

Los cambios a la reglamentación para acceder a una banca en nombre de los ciudadanos representan, además, un modo de concebir la realidad por parte del funcionariaje municipal: se determina la imposibilidad de abordar -en los 5 minutos que el poder político otorgaría para ese trámite- cuestiones “religiosas”, “políticas” o incluso “ideológicas”.

Ese modo de concebir la cosa pública -despojada de ideas y posicionamientos, alejada de una puja de intereses que siempre existe, desprendida de una mirada del mundo y por lo tanto de valores y prioridades- constituye en el gobierno municipal al menos una grave contradicción (otra) con su discurso que a veces parece aproximarse tanto a la columna vertebral de la “década ganada”.

Uno de los destacados méritos del proyecto “nacional y popular” ha sido posiblemente la recuperación de la actividad política como asunto en el que los ciudadanos -bajo diversas representaciones- ponen a jugar sus ideas, intereses, argumentos, iniciativas y sueños; esa misma realidad atrajo de modo extraordinario la atención y el entusiasmo de sectores juveniles.

Sin embargo el municipio, que tanto dice compartir ese modo de ver la transformada realidad nacional y regional, pretende despojar de toda visión política y de cualquier posicionamiento ideológico los asuntos comunales y las posturas de los ciudadanos.

En el mismo cuerpo legislativo de la capital provincial -y suele ser una costumbre dirigencial nacida del miedo, o de las ansias de protagonismo y de ser bien tratados por ciertos espacios mediáticos que aspiran a la hegemonía- se le hizo lugar en la agenda a una cuestión de dudoso interés público: un proyecto para que el Estado no publicite en radios consideradas “ilegales”.

El disparador de esa iniciativa -que parecen avalar tanto concejales del PJ como del FrePam y de Comunidad Organizada- fue la “revelación” de que el programa de una emisora del Grupo Matzkin tiene ingresos por pauta oficial pese a no contar con autorización para ocupar la frecuencia en la que emite.

Ese episodio es casi una anécdota si el proceso es bien mirado: el grupo Matzkin tiene 4 emisoras en Santa Rosa, ninguna de ellas legal, y en la mayoría de los casos dedicadas a reproducir la programación de poderosas emisoras de nivel nacional, con escasa producción genuina.

Esa situación es un incumplimiento más grave a la Ley de Medios, como lo es el hecho de que los Matzkin no sólo usurpen una frecuencia que en realidad le corresponde a la Municipalidad de Santa Rosa (es decir a los ciudadanos) sino que no hayan dado paso alguno para regularizar la situación.

Equiparar la realidad del Grupo Matzkin al de todas las emisoras radiales de la ciudad, o de la provincia, constituye una mirada miope, a partir de que la idea central de la Ley de Medios fue estimular la aparición de una pluralidad de voces y de miradas diversas.

Por otra parte, es el Estado el que también está en deuda y no aplica en su totalidad la Ley de Medios: mucho más allá de la pelea con el Grupo Clarín, hay artículos de la normativa que podrían ser diligenciados y sin embargo están frenados, como si no hubiera un real interés por hacer práctica una ley que se gestó con apoyo ciudadano extraordinario y bajo un proceso ejemplar, auténticamente democrático.

Quedarse en la mirada chiquita de la torta publicitaria, que el grupo mediático de pretendida hegemonía quiere toda para sí, es ir a contramano de los valores más saludables que venían de la mano de esa ley y su discusión.

Determinados medios encuentran en ciertos dirigentes oídos para sus intereses y conveniencias, en nuestra provincia como en el nivel nacional, tal como ha ocurrido en las últimas horas con el diputado Darío Casado, que presentó un insólito proyecto para copiar el disparatado decreto que firmó Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires.

El Grupo Clarín en Buenos Aires, o el diario La Arena en La Pampa -que hace algunos años hizo lobby para cerrar a la FM alternativa Siento Rock- encuentran aceitadas relaciones con algunos sectores políticos y económicos para imponer sus intereses, aunque no sean los del bien común.