La presentación fue realizada ayer ante el Superior Tribunal. El secretario de ese organismo, Carlos Straticco, dijo que los miembros de la Corte evaluarán si aceptan o rechazan la renuncia. Rapossi estuvo en el centro de la escena por sus fallos contra la libertad de expresión y su intervención en casos como el de la empresa Masciotra.
Rapossi venía siendo centro de una serie de cuestionamientos que incluyeron desde declaraciones públicas de funcionarios municipales por su intervención en el denominado “caso Masciotra” y en el del traslado de vecinos del asentamiento 10 de febrero, hasta la denuncia penal que presentó en su contra el juez subrogante de Faltas Guillermo Gowland y el pedido de jury de enjuiciamiento que elevó una vecina ante el Consejo Provincial de la Magistratura.
La renuncia de Rapossi fue confirmada ayer por el secretario de superintendencia de la Corte, Carlos Straticco, quien en declaraciones a FM Master´s aclaró que en el texto se alude a la situación jubilatoria de la jueza y a “los hechos que son de público conocimiento”.
Straticco sostuvo que el STJ “no tiene plazos” para aceptar o rechazar la renuncia, pero que “no será una cosa inmediata”.
Uno de los trascendidos que circuló ayer en tribunales es que el alejamiento de la magistrada se daría después de la feria judicial de verano.
Por su parte Guillermo Worman, presidente de la Asociación Participación Ciudadana, sostuvo que “la salida de la jueza oxigena institucionalmente al Poder Judicial, ya que descomprime tensiones generadas por una magistrada que no va en linea con la mejora que se viene observando en la Justicia de Tierra del Fuego en los últimos años”, expresó el dirigente.
“Rapossi desentonaba con el proceso de transformación que está transitando el Poder Judicial y es muy oportuno que deje su cargo, sobre todo porque ya tiene otorgado el beneficio jubilatorio y en los últimos años ha salido a la luz una importante cantidad de actuaciones sumamente observables desde todo punto de vista”, describió Worman.
Rapossi dictó los fallos de primera instancia que condenaron a Participación Ciudadana y, en otro caso, al ex senador fallecido José Martínez, por un supuesto daño moral al Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, derivado de críticas vertidas hace once años y a un pedido de juicio político presentado por esa época contra el funcionario del organismo de control.
Comentá la nota