María Cristina Baladrón aportó su opinión ante el caso de la pareja de jóvenes, con cuatro hijos, que ayer usurpó una vivienda del IPAV en el barrio santarroseño recientemente entregado de 700 unidades. "No sé cómo se califica a los adjudicatarios del IPAV, pero el matrimonio de Rafaela y Walter deberían ir al IPAV a preguntar cuánto les toca la casa".
-¿Qué grado de responsabilidad tiene el Estado y la familia, cuando hay un niño sin techo?
-La Convención Internacional de los Derechos del Niño dice que es el Estado el que tiene que proteger a la familia. A un niño no lo podemos dejar en la calle y sin escolaridad, porque ese niño que está desprotegido no va a la escuela. Y no son pocos los casos.
-¿La Justicia puede interceder y pedirle al gobierno que cumpla con su deber?
-Sí, hay casos en las provincia de Buenos Aires. En Quilmes, un juez de Menores le ordenó al intendente que debía proteger una familia. Con los niños no hay ideología política, hay que preservarlos, salvarlos.
-¿Y qué pasa con las familias sustitutas, que no tienen controles y terminan con los niños institucionalizados?
-Eso lo viví yo, y es un trabajo que debe hacer el Ministerio de Bienestar Social.
-¿Qué hay que cambiar?
-Ah, bueno. No puedo decirlo, porque ahora estoy en la vereda de enfrente. Hay que cambiar muchas cosas. La presidenta de la Nación dijo que debía cambiarse la Ley de Adopción, estoy esperando. Incluso hablé con Eduardo Luis Duhalde, de Derechos Humanos, y me mandó una serie de trabajos para la creación de registros de adoptantes abiertos.
-¿En qué situación están los jóvenes institucionalizados en La Pampa?
-Hace un año que me jubilé, pero es el Estado el que día a día debe controlar los establecimientos, porque tiene la guardia, la custodia, a cargo del Ministerio de Bienestar Social y con el control de la defensora de Menores. En otras provincias el sistema funciona muy bien porque hay una cooperación de los poderes Ejecutivo y Judicial, porque con respecto a los niños y la violencia, no puede haber división de poderes. Desde la Justicia se debe aplicar la ley, son los legisladores los que tienen que sentarse a trabajar.
-Es recordado el caso de las dos hermanitas, por varios años a cargo de una familia sustituta, en el que intervino usted. Allí quedó en evidencia la mora del Estado con respecto a esas menores.
-Recibo cartas de las niñas agradeciéndome la felicidad que tienen en sus hogares. Esa es mi satisfacción. El tema de la mora no es de la Justicia, es del Estado. Hay una Convención Internacional de los Derechos del Niño que el Estado debe cumplir. Hay un desconocimiento total de la Convención.
-¿Usted sintió siendo jueza, que el programa de familias sustitutas terminaban siendo una especie de beca para quienes cuidaban los chicos?
-Más adelante, se lo podré decir. Todo esto figura en expedientes, lo único que puedo decir es que el Ministerio de Bienestar Social se tiene que poner a trabajar con los asistentes sociales. No puede ser que el asistente social trabaje en un escritorio, acá hay que hacer trabajo de campo. El asistente debe ir a trabajar, fichar y salir a cumplir su tarea, a ver cómo se vive en una casa, si los chicos van a la escuela.
-¿Eso no se lo puede pedir la Justicia al Ministerio de Bienestar Social?
-Se lo he pedido a varios ministros, a todos. Nunca me contestaron nada. Trabajé sola.
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