Durante una inusual y acalorada audiencia realizada este martes a la mañana en la Ciudad Judicial, el Juez de Control Daniel Sáez Zamora ordenó que los animales del puestero Simplicio Albornoz puedan acceder a las aguadas.

Además le pidió el abogado que se presentó en representación de los hermanos De Franco que "garantizara" el libre acceso del puestero a su predio, dada la existencia de un alambrado en el camino vecinal que el propio Albornoz hizo "a pico y pala" hace 40 años atrás.

El propio Saéz Zamora calificó la audiencia como "atípica para el fuero penal", donde no faltaron discusiones y se extendió por más de dos horas. El magistrado también decidió una inspección ocular que realizará hoy en el lugar. Además, no descartó otra nueva audiencia entre las partes y la decisión de nuevas medidas.

La audiencia se inició alrededor de las 13:00 horas sin la presencia de los hermanos De Franco, que decidieron no dar la cara y mandar en lugar de ellos a un representante legal: Juan Pablo Ripamonti, oriundo de Trenque Lauquen. El abogado arribó cuando el encuentro ya había comenzado y el patrocinio de los investigados por supuesta "estafa" y "falsificación ideológica" era ejercida por el defensor oficial Pablo De Biasi.

Simplicio Albornoz estuvo acompañado por su hijo Carlos y por el abogado y ex diputado provincial Juan Carlos Scovenna. En representación del Ministerio Público Fiscal estuvo presente el jefe de los fiscales de la Primera Circunscripción Judicial, Guillermo Sancho.

“Es una audiencia atípica para el fuero penal porque tiene otro significado de las decisiones que se toman”, aclaró el juez. El primero en hacer uso de la palabra fue Scovenna, le siguió el fiscal general y luego hizo lo propio el defensor oficial. Ripamonti no hizo ninguna exposición dado a que no está matriculado en la provincia, aunque en el transcurso de la audiencia tuvo participación.

El juez Daniel Sáez Zamora, durante la audiencia realizada este martes a la mañana en la Ciudad Judicial.

Ida y vuelta

Scovenna y De Biasi se cruzaron en varias oportunidades. El defensor oficial consideró que se estaba "vulnerando la defensa en juicio" de los De Franco, aclaró que no convalidaba la audiencia a la que había citado el juez Zamora y la calificó como "un proceso irregular" dentro de una "actitud temeraria". Incluso, no se privó de poner en duda la legitimidad de Saez Zamora para impartir Justicia y se reservó el derecho de "un recurso extraordinario federal".

El ex diputado Scovenna, ya en un claro contrapunto con De Biasi, mandó al defensor oficial a que se "informe" sobre las leyes que se votaron en la Legislatura pampeana para que "no se violen las leyes a las que no hizo referencia la defensa" y que tienden a proteger a los puesteros.

Luego de varias idas y vueltas, con la advertencia de por medio del juez de que cualquier decisión que tomara “no iba a ser mejor que el acuerdo” al que pudieran alcanzar las partes, el abogado de los hermanos De Franco accedió a ofrecer dos accesos en el alambrado existente en el Lote 6: uno que garantice que los animales puedan tomar agua y otro para que Albornoz pueda llegar a su puesto por el camino que él mismo construyó "a pico y pala hace 40 años" (como le dijo con la voz entre cortada y mirándolo a los ojos a Ripa Monti) desde la intersección con la ruta provincial 9.

Como la posibilidad de acceso ofrecidos fue puesta en duda, el magistrado ordenó que se hicieran de efectivo cumplimiento y hoy viajará hasta el lugar para comprobar que la medida se cumpla.

El abogado de los De Franco, Juan Pablo Ripamonti, y el defensor oficial Pablo De Biasi.

Cautelares

Scovenna hizo una breve reseña de la situación de Albornoz y del resto de los puesteros del oeste, con un gran poder de síntesis. También dejó en claro que “al margen de la titularidad de las tierras (que los De Franco lograron en un llamativo remate judicial) Simplicio Albornoz se encuentra amparado por la Ley 2222 aprobada por la Legislatura provincial y sus sucesivas prórrogas”.

Y agregó: “no tenemos conocimiento de orden judicial alguna para el despojo o desalojo del predio”. También recordó las “denuncias de Carlos (Albornoz, el hijo mayor de Simplicio) por el ingreso al campo en contra de la voluntad de Albornoz utilizando violencia moral”. En este sentido nombró a los hermanos De Franco, a Leonardo Alessandrelli (el dueño de Dragolino) y José Luis Nieto, ex presidente de la Comisión de Fomento de La Reforma.

Luego planteó las medidas cautelar que su defendido pretendía: “hacer cesar los efectos del delito por las distintas figuras penales que pueden existir”; “el urgente retiro y secuestro del alambrado despejando el camino al puesto y a las aguadas”; “la prohibición del ingreso al predio a todos los terceros participantes en el hecho” y “una restricción de acercamiento al puestero a menos de 300 metros”.

Scovenna insistió con la “vigencia de la Ley 2222 para que lo que no se consiga por la vía judicial se ejerza mediante la violencia moral y lograr que Simplicio se vaya. Existe una ley nacional que protege a Simplicio Albornoz y que hace a las sentencias judiciales de imposible cumplimiento hasta que no cesen los alcances de esta ley”.

Albornoz tuvo una breve participación. “Todo lo que ha dicho es verdad”, indicó respecto a lo narrado por Scovenna. Cuando el juez le preguntó sobre su vida y su familia, contestó: “yo vivo en el Lote 6 desde mi infancia, con mi señora y ahí crié a mis cinco hijos. Yo nací ahí, mis hermanos nacieron ahí y papá murió ahí a los 89 años”.

Respecto a la actividad que se genera su sustento de vida, precisó: “tengo unos yeguarizos (caballos), unos chivos y unas pocas vacas por los años malos (sic)”.

El puestero Simplicio Albornoz, junto a su abogado Juan Carlos Scovenna y el fiscal general Guillermo Sancho.

Adhesión

a medias

Sancho aclaró en el arranque de su alocución que iba a “adherir parcialmente a lo solicitado por la parte querellante”. Fundamentó su coincidencia con el reclamo del retiro del alambrado porque consideró que el resto de las cautelareas planteadas eran “medidas coercitivas” que no podían ser aplicables dado la falta de “formalización de la audiencia” y “lo prematuro de la investigación judicial”.

De todos modos, dio una pista de cuál puede llegar a ser el delito por el cual se investigue a los hermanos De Franco luego de la denuncia planteada por el abogado José Bibiano Cedrún Gutiérrez: “se puede discutir mucho sobre la propiedad pero la posesión la tiene Albornoz...en este caso estaríamos hablando del 181 inciso 3 que hace referencia a la turbación de la posesión”, avisó Sancho.

También recordó la sentencia favorable que tienen los De Franco como “titulares registrales” que obtuvieron luego de un juicio de posesión veinteañal durante el año 2004. Y mencionó el “remate” mediante el cual los De Franco obtuvieron el Lote 6.

“Aca hay un destalle a tener en cuenta y es que al martillero le tiene que hacer saber a los posibles interesados que el campo en cuestión estaba ocupado por Simplicio Albornoz”, apuntó.

Y añadió otro dato curioso: “el campo fue adquirido en abriel del año ‘99, pero en septiembre de ese mismo año se libró un mandamiento de posesión al Juzgado de Paz de Limay Mahuida para que se pusiera en posesión a los De Franco. El juez se habría constituído en el lote y habría puesto en posesión a los De Franco”, dijo utilizando el verbo potencial.

Otro “detalle llamativo” que encontró Sancho en esta etapa preliminar de la investigación es que ese mismo día, el 9 de septiembre, los De Franco firmaron un “convenio de desalojo con Simplicio Albornoz para desalojar el campo en agosto de 2002 con una advertencia de juicio. De ese convenio ya pasaron 12 años pero nunca fue ejecutado ni se inició juicio de desalojo”.

El fiscal general también mostró fotografias tomadas por la División Criminalística de la Policía de La Pampa que demuestra que “la aguada está rodeada por un alambrado y que los animales no pueden acceder al agua”.

En ese momento, el juez ofreció el acta labrada por la policía y puso a disposición las fotos tomadas por El Diario el dia que dio a conocer el Caso Albornoz.

Encendida

defensa

De Biasi, además de los planteos señalados más arriba, ensayó una fuerte defensa de la sentencia en el fuero civil que obtuvieron los De Franco. Luego, sobre la legitimidad de la audiencia realizada ayer, argumentó que “como primero punto al imputado no se le han informado las pruebas, ni el hecho que se le imputa. Eso hace inviable esta audiencia”.

“En segundo lugar -continuó- veo que se han solicitado medidas cautelares....toda medida cautelar es una medida de coerción. Hay una historia que resumió fiscalía y dio su opinión, pero todo esto tiene un fin. No se hizo en un bar ni en la vía público, lo dijo una cámara”.

“Cómo podemos deslegitimar en una audiencia lo que fue hecho en una sentencia de un juzgado y de una cámara. No se puede revertir así porque sí una sentencia. Hay que tener cuidado con este tipo de aventura...avanzar sobre la legitimidad de dominio, algo netamente civil, es de una temeridad y de violación a las normas que rigen la prudencia y la actividad judicial”, continuó.

También, en base a un acta realizada por una escribana de apellido Bruno, de General Acha, intentó desmentir que los animales de Albornoz no tienen agua. Y ofreció que se realizara una inspección ocular en el lugar. (En realidad, los animales son abastecidos a mano por el puestero con un balde, según pudo comprobar este diario).

De Biasi le dijo al juez que cualquier sentencia que tomara estaba “comprometida” en base a la “legitimidad” de la subasta pública con la que los De Franco se quedaron el el lote 6.

Decisión e

inspección

Antes de tomar su decisión, el juez intentó que las partes llegaran a un acuerdo. Pero, pese a los esfuerzos por encontrar un diálogo entre las partes por el contrario la reunión fue subiendo de tono. “Cualquier decisión del juez no va a ser mejor que lo que resuelvan las partes en conflicto”, insistió Sáez Zamora. Y advirtió: “sino están de acuerdo en hablar mi decisión no le va a gustar a ninguna de las partes”, advirtió.

Acto seguido se pasó a un cuarto intermedio. Pero no hubo caso. Luego de algunos cruces entre Scovenna y los defensores, el juez le preguntó a Ripamonti si estaba debidamente autorizado para realizar alguna propuesta.

El abogado intentó demostrar mediante un croquis -pero con un evidente desconocimiento del lugar en litigio- que había dos accesos: uno para las aguadas y otro hacia el puesto. Eso motivo algunos cruces con el propio Albornoz que lo desmintió y lo enfrentó en la discusión.

Ya en el final, Sáez Zamora volvió a señalar “la particularidad de la audiencia” pero resaltó el “diálogo” y el “debate”.

“Voy a resolver sin perjuicio de los cuestionamientos a mi competencia como Juez de Control....más allá de las leyes nacionales, provinciales y de una sentencia, existe un principio general que es la Justicia”, argumentó.

“Entiendo que Albornoz tiene derecho a no perder lo producido. Por eso ordenó que esos lugares tengan libre acceso hasta que se resuelva la cuestión principal”.

“Más allá de la medida urgente, para efectivizarla lo antes posible (ahí comprometió públicamente al abogado Ripamonti para que eso sucediera) voy a hacer una inspección y a constituirme en el lugar. La diligencia la voy a efectivizar mañana (por hoy)”, cerró la audiencia Saéz Zamora.