Hasta uno de los periodistas cordobeses mejor seducidos por el discurso de la nueva política, salió a reconocer ayer, en una aparición por TV, que si llega a ser veraz la denuncia de que Luis Juez tiene depositados 5 millones de dólares en paraísos fiscales, será el fin de la vida pública del paladín del "fin del choreo".

En realidad, una verdad de este calibre es el fin de la vida pública de cualquier político. Más, es cierto, del presidente del pomposamente llamado "Partido Nuevo contra la Corrupción por la Honestidad y la Transparencia".

El tema del presunto depósito de 5 millones de dólares en paraísos fiscales fue presentado en la edición de ayer de Página 12, provocando de inmediato una profunda conmoción en Córdoba y la consabida catarata de insultos y descalificaciones del hoy senador nacional por Córdoba. (ver aparte).

Todo arranca en la causa por malversación de fondos por la cual el fiscal Guillermo Marijuán imputó al ex intendente y elevó las actuaciones a la jueza María Servini de Cubría. Esta dejó el pedido de procesamiento Marijuán en suspenso, al declarar "falta de mérito" (las pruebas no alcanzan para procesar ni para sobreseer), pero inició una investigación por tres cuentas en paraísos fiscales en las que figuraría como titular el senador cordobés.

En ambas, él, su hermano mellizo Daniel y una tercera persona son los autorizados a mover los depósitos de tres cuentas por un total de 5.090.381 dólares.

Se trata de una cuenta el BNP Paribas (Bahamas) y las otras dos en el Bank of America y Delta Bank (Islas Caimán). Obvio que esta suma no figura en ninguna de las cinco declaraciones juradas que Juez presentó como intendente de Córdoba: la primera cuando asumió y las restantes al finalizar cada año (ver aparte).

Los dos pasos procesales que siguen son que la jueza corra vista al fiscal Marijuán (el verdadero titular de la investigación) y luego enviar exhortos a Bahamas e Islas Caimán para que ratifiquen o rectifiquen la información, un trámite muy difícil en estos lugares que se llaman paraísos fiscales precisamente porque venden como principal servicio blindar la información sobre sus clientes.

Las nuevas líneas de investigación abierta por Servini de Cubría es un giro sorprendente de la causa contra Juez por presunto uso irregular (malversación) de un subsidio por 650 mil pesos enviado a mediados de 2007 al municipio por la entonces secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti.

Luego del stand by (falta de mérito) dictado por Servini de Cubría, se produjeron dos acontecimientos en la causa, que tampoco le fueron favorables al senador nacional aunque, por supuesto, muy lejos en importancia de la investigación de grandes sumas depositadas en paraísos fiscales.

Cuando en diciembre Juez fue citado a indagatoria por Cubría, no sólo se negó a hacerlo sin que, fiel a su estilo, contraatacó violentamente: recusó a Marijuán y, además, le metió una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La recusación fue desestimada por el juez Ariel Lijo y la denuncia sufrió la misma suerte, esta vez por decisión del Rodolfo Canicoba Corral.

Las fuentes

Por dos fuentes distintas la jueza recibió información sobre las tres cuentas bancarias, que ahora tratará de corroborar vía exhorto a través de la Chancillería: una fue un fiscal federal que le entregó un oficio; la otra fue una presentación espontánea de un particular. Nada se sabe sobre su identidad pero en Córdoba se podrían formar colas espontáneas de juecistas arrepentidos o maltratados por el ex jefe comunal.