El Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4, a cargo de Alejandro Catania, le pidió a diarios de la Capital Federal datos de los periodistas que escriben noticias sobre índices inflacionarios.

Así lo revelaron fuentes judiciales, quienes desestimaron que el magistrado hubiera emprendido una “persecución” contra periodistas en el marco de una causa impulsada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, contra las consultora privada M&S, encabezada por los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santángelo.

La decisión del magistrado generó una fuerte reacción de diputados opositores y de las asociaciones periodísticas.

Ayer, el diario El Cronista reveló que el 15 de septiembre recibió un exhorto de Catania en el que le pedía “suministrar la nómina, dirección y teléfonos de contacto de los periodistas -editores, redactores, etc.- que hayan publicado en el referido diario noticias vinculadas a índices inflacionarios”, a partir de 2006.

En una nota de opinión, el director del diario, Fernando González, calificó la solicitud de Catania, que lo incluye a él mismo y a una decena de periodistas, como “claramente intimidatoria”. Los oficios también llegaron a los diarios Clarín, La Nación y Ambito Financiero.

La denuncia de Moreno contra las consultoras que elaboran índices de precios alternativos al INDEC se refiere al posible delito de “agiotaje”.

Esa figura consiste en la alteración de indicadores económicos de manera artificial, en procura de causar una determinada modificación de los guarismos económicos en, por ejemplo, los bonos ajustados por CER, plazos fijos y la evaluación del riesgo empresario, explicaron las fuentes.

Si bien los periodistas cuyos datos fueron reclamados por el juzgado “no están previstos, por ahora, como testigos en la causa”, las fuentes consideraron que “difícilmente” pudieran tener un rol de “imputados”.

Reacciones. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó su “grave preocupación” y su “enérgico repudio” a la orden del juez Catania. “La individualización compulsiva de periodistas por el mero hecho de informar, constituye una indudable presión intimidatoria”, expresó Adepa.

Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) también cuestionó la decisión judicial. “Los periodistas se deben allanar a las demandas de la Justicia, pero sin que esto signifique violar derechos laborales y personales”.