Con faja de clausura, uno de los cabarets que en septiembre del año pasado había sido cerrado en Azul en cumplimiento de una Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante y que estaba vigente desde junio. A la derecha, el juez Aníbal Álvarez. El titular del Juzgado Correccional número 1 intervino para dar respuesta a las apelaciones presentadas por los dueños de tres de los cabarets que habían sido clausurados, dos de ellos ubicados en Azul y el otro en Cacharí. ARCHIVO/EL TIEMPO

Un juez Correccional había confirmado las clausuras definitivas de tres cabarets, al rechazar, en segunda instancia, los recursos de apelación que fueron presentados por los abogados de los titulares de esos locales, según informaron fuentes judiciales.

Las medidas se relacionan con lo que habían sido, durante los meses de septiembre y octubre del año pasado, los cierres de diferentes cabarets que se llevaron a cabo en el Partido de Azul.

Esas clausuras preventivas, que después un Juez de Faltas Municipal convirtió en definitivas, se habían llevado a cabo en el marco de una Ordenanza Municipal sancionada por el Concejo Deliberante en junio de 2012, la cual prohibía el funcionamiento de este tipo de locales nocturnos para, de esa manera, erradicar la trata de personas.

Entre los fundamentos de dicha norma, el legislativo azuleño prohibía "la instalación, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y explotación, bajo cualquier forma, de cabarets, whiskerías, dancing, bares nocturnos, night club y/o cualquier otro tipo de salones de expansión nocturna, sin importar la denominación de su rubro, que cuenten con la presencia, autorizada o no, de alternadoras, "coperas" y/o personas que comercien sexo, o se incite a ello, sea que el encuentro sexual se practique dentro o fuera del establecimiento".

Así, a partir de la promulgación de la Ordenanza, el Concejo Deliberante de Azul dispuso el cese de las habilitaciones otorgadas anteriormente a los locales y/o rubros mencionados.

Cuando la Justicia de Faltas Municipal convirtió en definitivas las clausuras de los cabarets, a sus titulares les impusieron también el pago de multas.

En lo dispuesto por el juez Aníbal Álvarez -a cargo del Juzgado Correccional número 1 de Azul y magistrado ante quien fueron apeladas los cierres de tres de esos cabarets, dos existentes en esta ciudad y uno en Cacharí- la confirmación de las clausuras implicó que también fueran revocados los pagos de multas que en primera instancia les habían impuesto a dos de los propietarios de estos locales.

En detalle

El sábado 22 de septiembre del año pasado, por falta de habilitación, la Municipalidad de Azul había clausurado tres cabarets en esta ciudad.

Dos de esos locales estaban ubicados sobre la Ruta 3, mientras que el otro se encontraba sobre la 51.

Los procedimientos habían sido realizados desde el área de Inspección General de Control Urbano, contando con apoyo de personal policial de la DDI y la Seccional Primera.

Un día antes a esas clausuras, representantes de entidades que en la ciudad conforman un foro contra la trata de personas habían criticado el rol de la comuna en este tema, ya que a pesar de la ordenanza vigente -sancionada en junio del año pasado por el Concejo Deliberante y que prohibía el funcionamiento de estos lugares- los cabarets seguían abiertos.

Posteriormente, el 3 de octubre el Dr. Guillermo Tolosa, juez de Faltas de la Municipalidad de Azul, había condenado a Hugo César Gilardi a pagar 5.260 pesos de multa por infringir la Ordenanza Municipal que estaba vigente desde hacía unos meses; y transformó en definitiva la clausura que días antes se había hecho del local que era propiedad de este hombre: un bar y whiskería situado en Juan B. Justo al 1673 de Azul.

También, ese mismo día el Juez de Faltas Municipal había tomado idéntica decisión con otro cabaret que había sido clausurado días antes: un local ubicado en Ruta 3 al 1180 y conocido bajo el rubro "Bar con Alternadoras", cuyo titular se llama Ernesto Edelmiro Quintana.

Y en otro de los fallos firmados por Tolosa, también con fecha del 3 de octubre del año pasado, a un hombre llamado Abel Mario Marcilese le impuso también el pago de una multa de 5.260 pesos, al transformar en definitiva la clausura preventiva del local que bajo el rubro "Cabaret" poseía en Cacharí, concretamente en Ruta 3 y Avenida Rodríguez Urrutia.

Ese local, en los días posteriores a lo que habían sido las clausuras de los cabarets que se hicieron en Azul el 22 de septiembre de 2012, también había sido cerrado desde la comuna.

Las apelaciones

A través de sus abogados, Gilardi, Quintana y Marcilese habían apelado ante el juez Correccional Aníbal Álvarez las clausuras de los locales que poseían, respectivamente, los dos primeros hombres en Azul y el otro en Cacharí.

Tanto para Gilardi como para Quintana, el juez Álvarez resolvió mantener en forma definitiva las clausuras de los cabarets; aunque en ambos casos revocó los fallos en cuanto a que tuvieran que pagar respectivas multas.

Fue porque, más allá de diferentes pruebas que existían, "del análisis de las actuaciones labradas por la Dirección General de Seguridad y Control Urbano de la ciudad de Azul surge que no se ha constatado, al momento de labrarse el acta (es decir, el día de realizadas las clausuras), la presencia de alternadoras, "coperas" o personas que comercien sexo, ya que el personal municipal -inexplicablemente- se constituyó en el lugar cuando el mismo se encontraba cerrado al público, de manera que resultaba imposible que pudiera verificarse la comisión de la infracción prevista en el artículo 4 de la citada ordenanza", dijo el juez en alusión a lo sancionado por el Concejo Deliberante en junio del año pasado con respecto a la prohibición de los cabarets en el Partido de Azul.

Distinto había sido lo resuelto en el caso del local clausurado en Cacharí, ya que el juez Álvarez confirmó en su totalidad el fallo de primera instancia para su dueño, es decir: el cierre del cabaret en forma definitiva y también el pago de la multa.

EL DATO:

En uno de los fallos, el juez Álvarez consideró como "inexplicable" que la misma Dirección General de Seguridad y Control Urbano de la Municipalidad de Azul que clausuró los cabarets le haya otorgado al propietario de uno de los locales, con posterioridad a la entrada en vigencia de la ordenanza sancionada en junio pasado por el Concejo Deliberante, la licencia para comercializar bebidas alcohólicas, ya que formaba parte de "un rubro que se encontraba prohibido por dicha norma".