En un fallo reciente de impacto público, como la rebaja de la condena a Flavia Lorena Peñalva -la ex empleada del IPAV que defraudó a la administración pública en 624.260 pesos a través del cobro de 268 cheques en el Banco de La Pampa-, el juez del Tribunal de Impugnación Penal, Carlos Flores, advirtió "con honda preocupación" en su voto, que en esa causa y en "otras similares, donde el damnificado es el Estado Provincial, algunos de los operadores jurídicos intervinientes no actúan con la celeridad que corresponde".

Flores no dio nombres, y tampoco correspondía, pero dejó en claro que no todos los organismos judiciales manejan los mismos tiempos. Lo remarcó en la frase siguiente, una frase sugestiva: "Parafraseando a (José) Saramago, puede señalarse que no es necesario tener un doctorado en suspicacia, o un diploma de desconfianza para sostenerlo".

"No se trata de suspender derechos a quienes correspondan, sino de no prolongar indebidamente la conclusión de los procesos -acotó el magistrado-. Y ello sin perjuicio de que en casos sensibles o resonantes, como el que nos ocupa, siempre (los jueces) podrán ser criticados por sus decisorios, lo que no justifica demoras en los pronunciamientos que resuelvan".

Más adelante, el vocal del TIP remarcó su "preocupación" porque "no tenga sentencia firme" el caso que involucra a los "jefes directos" de Peñalva. Ahí tampoco dio nombres, pero hubo una alusión directa a Hugo Nelson Agüero y Luis Edgardo Araniz. Flores remarcó que "el creciente interés y la preocupación de la sociedad porque este tipo de ilícitos se resuelvan rápidamente, y una buena administración de justicia, así lo ameritan".

Agüero, ex vicepresidente ejecutivo del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, y Araniz, ex gerente general del organismo, fueron condenados en dos causas, pero solamente han estado detenidos 15 meses (ver aparte). Anteayer el Superior Tribunal de Justicia confirmó las condenas a cinco años de cárcel para ambos por desviar fondos públicos por 960.000 pesos y pagarle coimas a un contador del Tribunal de Cuentas.

Este es un buen ejemplo para reparar en los tiempos judiciales. El expediente de la megacausa del IPAV se abrió a fines de 2003 y la entonces jueza de instrucción, Verónica Fantini, procesó a los ex funcionarios marinistas en septiembre de 2004. La Cámara en lo Criminal 1 confirmó esa resolución al mes siguiente. Después pasaron tres años hasta que el 14 de diciembre de 2007, el mismo tribunal -conformado excepcionalmente por jueces civiles porque habían sido recusados y/o se excusaron todos los camaristas penales- dictó la sentencia condenatoria. En diciembre de 2008 el Tribunal de Impugnación ratificó las penas y ahora, después de 20 meses, el STJ hizo lo propio.