El Gobierno, el Municipio y la DPOSS habían presentado un plan conjunto de trabajos para poner en funcionamiento de manera urgente el sistema cloacal ya existente en la ciudad. Fue para evitar el dictado de una medida cautelar que lo ordenara. El juez Fernández aceptó el acuerdo aunque estableció que cada 20 días hábiles se lo informe sobre el avance de los trámites administrativos, y una vez que comiencen las obras, cada dos meses se lo imponga sobre la evolución de las tareas.
Fernández dictó esa resolución como respuesta a la medida cautelar presentada por la Asociación Participación Ciudadana, en el marco de la causa por protección de intereses difusos que lleva adelante esa organización con la adhesión de otras entidades, ante la Justicia provincial.
De esta manera, el magistrado aceptó los términos del acuerdo al que arribaron las partes para realizar los trabajos necesarios sobre el sistema de cloacas, aunque también impuso una serie de controles que garanticen su realización.
Por ejemplo, el juez determinó que los organismos involucrados deberán informar al tribunal en forma conjunta y “cada veinte días hábiles” sobre la marcha de los trámites de adjudicación de las obras.
Además, una vez que se comiencen a realizar las tareas de reparación, el titular del Juzgado exigió que se le brinde un informe con el grado de avance de los trabajos cada dos meses hasta su finalización.
Por otra parte, Fernández mencionó en forma puntual la situación de la planta de tratamiento de efluentes ubicada en el predio del Hospital Regional Ushuaia, sobre la que intimó a las partes a que se repare de manera urgente.
Entre las obras que tendrán que llevar a cabo las distintas entidades figuran la puesta en funcionamiento de la estación elevadora Costa de los Yámanas, ubicada sobre la margen oeste de la desembocadura del Río Pipo. También la reparación y puesta en funcionamiento de las otras estaciones elevadoras de la ciudad y del dispersor cloacal marítimo.
En tanto, en la zona céntrica, donde se concentra la mayor cantidad de población, deberá concretarse la desobstrucción del colector cloacal de la avenida Maipú, y llevarse a cabo un mantenimiento periódico.
Acuerdo con controles
La causa en la que resolvió el juez Fernández es la Nº 15.447, caratulada “Participación Ciudadana contra Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego y otros sobre acción de protección de intereses difusos”.
En los fundamentos de la resolución, el magistrado advirtió que si bien existió un pedido de medida cautelar presentado por Participación Ciudadana, “el tribunal no puede dejar pasar por alto los escritos de las partes mediante los cuales, en forma conjunta, acompañaron un acta acuerdo de la que se desprende el compromiso asumido para dar solución a la cautelar bajo tratamiento”.
En ese sentido, el juez tuvo en cuenta que aunque “se encuentra en riesgo la salud de los vecinos de nuestra ciudad”, no se puede “dejar de reconocer que la obra pública que debe realizarse no es menor”, mientras que “a ello se le deben agregar los tiempos que la administración central requieren para comenzar a ejecutar esas obras”.
Es por ello que el tribunal consideró que “hacer caso omiso a este acuerdo de partes, disponiendo medidas urgentes, implicaría poner sobre los demandados la Espada de Damócles, apartándome de lo que ya tuve oportunidad de decir en la resolución dictada el 16 de septiembre, en el sentido de que “al tema debatido lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie”.
Más adelante, Fernández se focaliza en los controles al plan de obras que debe ejecutarse, y al respecto señala que las partes “deberán informar de manera conjunta y con una periodicidad de no más de veinte días hábiles, en qué estado de situación se encuentran los trámites inherentes al inicio de las obras, como así también cualquier inconveniente y/o retraso que pudiera surgir”. Por su parte, una vez comenzadas las obras, se deberá informar el avance cada dos meses.
Con relación a la planta de efluentes del Hospital, la medida intima “bajo apercibimiento de ley, a que se realicen con carácter de urgente y utilizando los mecanismos más rápidos permitidos por la ley 13.064, las inversiones y tareas necesarias para la reparación, puesta en marcha y mantenimiento de la planta de Tratamiento de Efluentes situada en el predio del Hospital Regional Ushuaia (…) ello en función del riesgo que implica mantener el status quo actual”.
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