Para algunos, la Junta Electoral; para otros, la Cámara Contenciosa. No faltan quienes inculpan a los apoderados de los distintos frentes o quienes apuntan al Superior en su impotencia para ordenar el proceso electoral que se desenvuelve con todos los plazos vencidos. La disputa pasa no sólo por la falta de certeza de los candidatos, sino también sobre qué se aplicará para la sustitución; o la controversia no zanjada en torno a tres comunas que al no tener padrones pueden llevar a la nulificación del proceso electoral, en una elección que se muestra muy reñida.

La Junta Electoral apuró, la Cámara contestó, y el panorama quedó envuelto en una confusión pocas veces vista a semanas de la principal contienda electiva de Corrientes. Una pelea de jueces que se vieron rodeados por el particular mundillo de la política local.

A tres semanas para el 15 de septiembre, cuando se pondrá en juego la Gobernación provincial, hay distintas cuestiones en oficinas judiciales aún no resueltas para que la ciudadanía cuente con un escenario claro para poder elegir a los postulantes que considera aptos para ejercer funciones en la propia Gobernación, en la Legislatura, las intendencias, y concejos deliberantes.

Por ello la Junta electoral pidió a la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Electoral que se defina al respecto de las candidaturas en las localidades que buscan la re reelección. Lo que valió la contestación del organismo que afirmó que de los 14 expedientes de los que se habla en el reclamo, solamente uno se encuentra para ser analizado. Indicaron que no actúan de hecho y que respetan los tiempos determinados.

"Todas las resoluciones judiciales en temas electorales se ajustan a los plazos legales y procesales", señaló un comunicado dado a conocer ayer.

En medio de este "mboyeré" provocado por la judicialización electoral se dio un nuevo hecho que caldeó los ánimos. Tiene que ver con la definición de la juez electoral, María Eugenia Herrero, quien excluyó de la lista de candidatos a diputados provinciales del Frente para la Victoria a Miguel Pérez y Zulma Garay del Partido Liberal, haciendo lugar a un pedido presentado por apoderados de ELI.

Esto abrió margen para los cuestionamientos de las filas del FpV, donde acusan a la Justicia provincial de ser afín al Gobierno provincial, poniendo sobre el tapete la falta de prioridades a cuestiones cuyas presentaciones son más lejanas en el tiempo y sin que aún haya resolución alguna al respecto, como la re-re de los intendentes de Goya e Itatí.

El titular de la Junta Electoral, Sánchez Mariño reconoció que "este es el año más judicializado de los comicios". Y anticipó que "hasta no tener los criterios fijados por el Superior Tribunal, todo estará inconcluso".