La negociación sufrió dilaciones durante, al menos, dos meses, pero el Gobierno provincial se vio obligado a firmarles el incremento, porque, si no lo hacía, los jueces podían judicializar la negativa oficial. Por esto, y a pesar del ajustado presupuesto que maneja la Provincia, el mes pasado, Celso Jaque debió autorizar una nueva suba –de 7 por ciento– en el sueldo de los jueces, a la que se sumará otra de 8 por ciento que cobrarán desde el jueves 31.

El Ejecutivo también debió pagarles un abultado retroactivo, la segunda parte estará depositada este miércoles 23, porque estos dos aumentos correspondían a incrementos logrados gracias al "enganche" con los magistrados federales, logrado tras el acuerdo sellado con Jaque en el 2008. Las subas corresponden a incrementos logrados en el 2010, sobre los que aún queda pendiente otro 10 por ciento, que lograron en diciembre, y cuyo cronograma de pago se está negociando en el Ministerio de Hacienda, según confirmó el titular de la Asociación de Magistrados, Orlando Farrugia.

Por esto, el salario básico de los jueces quedó en poco más de 13.500 pesos, gracias al 30 por ciento de aumento que consiguieron el año pasado. Así, se convirtieron en uno de los pocos grupos de trabajadores que consiguieron el aumento pretendido, porque los reclamos generalizados rozaban 30 a 35 por ciento, aunque la mayoría no superó 20 por ciento de aumento durante ese período.

El beneficio sellado por los magistrados también se equipara a lo que está reclamando hoy la mayoría de los gremios a nivel nacional, entre los que se destacan bancarios y mercantiles, pero cuyos sueldos están atados a decisiones que dependen del sector privado. El subsecretario de Justicia de Mendoza, Carlos Quiroga Nanclares, confirmó a El Sol el cronograma de pago a los magistrados aunque no precisó cuánto debió destinarse del Presupuesto provincial para hacer frente a los aumentos.

LOS RECLAMOS. En el 2010, la Provincia afrontó diversos reclamos de la Asociación de Magistrados y tuvo que aceptar la mayoría por temor a la judicialización de los mismos. Con un ojo puesto en las elecciones de octubre, pero también con la experiencia de Julio Cobos y su enfrentamiento con ese poder, Jaque terminó cediendo en la mayoría de los pedidos. Son 400 los magistrados y funcionarios con rango judicial, como los miembros del Tribunal de Cuentas y el contador general de la Provincia, que cobrarán el aumento.

El beneficio obedece a que, gracias al acuerdo firmado en el 2008, los sueldos de los jueces locales quedaron atados a los del Poder Judicial de la Nación. Así, en abril del 2009 comenzaron a percibir de manera retroactiva a enero 5 por ciento de suba, que le costó a la Provincia 3,5 millones de pesos que no estaban presupuestados. Teniendo en cuenta ese monto, para pagar ese 15 por ciento de aumento en dos partes se necesitarán algo más de 12 millones de pesos.

A esto habría que sumarle los retroactivos, porque uno de esos aumentos se firmó en la Nación en mayo y el otro en agosto, por lo que habrá retroactivos superiores a los 10 mil pesos. Farrugia no quiso estimar los montos de los retroactivos que ya se cobraron aunque confirmó a este diario que ya están depositados. El magistrado consideró que los incrementos deben cobrarse en tiempo y forma, porque así se acordó por la modificación del artículo 131 de la Constitución provincial durante la gestión de Julio Cobos, que los dejó "atados" a los sueldos del Poder Judicial de la Nación.

Por lo que "así se acordó tanto con Cobos como con Jaque por el acuerdo firmado en el 2008", enfatizó. Si bien no reveló cuánto es lo que se está dialogando en la Nación para el 2011, confirmó que, al momento de firmarse el acuerdo, pedirán su aplicación sobre los sueldos de los magistrados provinciales. Esto, después de cobrar 10 por ciento que aún les queda pendiente del 2010.

En tres años, menos de la mitad firmó el pase a clase pasiva

Lenta pero camina. La anhelada renovación del Poder Judicial está en marcha: ya firmaron su pase a pasiva 42 de los 90 magistrados que estaban en condiciones de hacerlo luego del acuerdo alcanzado en el 2008. Demoras en los trámites, pero, por sobre todo, las dudas por la aplicación del convenio que firmaron con Celso Jaque y los últimos aumentos que engrosaron aún más sus abultadas jubilaciones, fueron clave en las dilaciones que mostraron los jueces a la hora de jubilarse. Por esto, con haberes que superarán los 13 mil pesos, la migración avanza lentamente.

Carlos Quiroga Nanclares, subsecretario de Justicia de la Provincia, detalló que serán más de 60 jueces los que podrá nombrar la gestión jaquista antes de las elecciones, y esto porque a los 42 jubilados se suman unas 15 vacantes de cargos nuevos que se crearon en esta etapa. Algunos de estos puestos se enviarán a la Legislatura en los próximos días, porque ya se le remitieron al gobernador Celso Jaque las ternas con el nombre de, al menos, 15 magistrados que deben ser remplazados. Sólo uno de los que reveló su decisión y concretó los trámites corresponde a una de las anheladas vacantes en la Suprema Corte de Justicia.

Se trata del puesto que dejó Aída Kemelmajer y para el que Jaque aún no propone sucesor. En el entorno oficial aseguran que las demoras en enviar el pliego obedecen a la falta de apoyo que sufre Jaque en el Senado. Los últimos en engrosar el listado de 42 renuncias fueron: Estela Marino, jueza del Primer Juzgado de Procesos Concursales, 2º CJM; Juan Carlos Olivella, juez en lo Civil, Comercial y Minas del Tercer Juzgado Civil, 3º CJM; Carlos Benegas, titular del Sexto Juzgado de Garantías, 1º CJM; César Ricardo Gloss, del Séptimo Juzgado de Paz Letrado, 1º CJM, y Oscar Denis León, titular del Tribunal Penal de Menores, de la Primera Circunscripción Judicial.